Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación por un presunto fraude que buscaba obligar al Issste a pagar más de mil 230 millones de pesos en indemnizaciones a 880 exagentes de la extinta Policía Federal y de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Las indagatorias surgieron tras denuncias presentadas por el propio Issste y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), que detectaron seis laudos laborales considerados irregulares. Mediante estos laudos se ordenaba el pago de una indemnización global a exservidores públicos que, de acuerdo con la autoridad, no tenían derecho a recibir ese beneficio.
La prestación reclamada correspondía a 45 días del último sueldo básico y fue eliminada con la entrada en vigor de la nueva Ley del Issste en abril de 2007. Según la investigación, los demandantes además contaban con cuentas de Afore, por lo que no cumplían con los requisitos para acceder a dicha compensación.
Pese a ello, las demandas fueron promovidas en 2021 con base en la legislación anterior y quedaron radicadas en la entonces Junta Especial Número 42 de la JFCA, con sede en Torreón, Coahuila, la cual resolvió a favor de los exagentes.
Entre las anomalías detectadas, la FGR señala que esa junta carecía de competencia territorial para conocer los casos y que las demandas fueron admitidas sin que los promoventes precisaran datos esenciales, como el salario base para calcular las indemnizaciones.
El expediente también involucra a funcionarios de la Junta Especial 42 que habrían dado trámite a los asuntos pese a las inconsistencias. Uno de los laudos autorizaba por sí solo un pago cercano a los 950 millones de pesos para 678 exfuncionarios.
Tras descubrir las presuntas irregularidades, la ejecución de los pagos fue suspendida. El 17 de junio de 2024, la Secretaría del Trabajo ordenó la desaparición de la Junta Especial Número 42, mientras las investigaciones federales continúan.