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Incauta armas a la Policía de Culiacán

El gobernador de Sinaloa dijo que la medida era como parte de un control 'excepcional' y que espera que la revisión 'termine pronto'

Associated Press
Associated Press
Agencia AP

30 de septiembre de 2024, 20:39

Culiacán.- La policía de la ciudad de Culiacán, dominada por cárteles de las drogas, fue retirada de las calles después de que el ejército confiscara sus armas, anunciaron el lunes las autoridades.

La medida se adoptó un día después de que unos mil 500 habitantes de la capital del estado de Sinaloa, realizaran una marcha por el centro de la ciudad para exigir paz tras semanas en las que los tiroteos entre cárteles han causado la muerte de decenas de personas en la ciudad y sus alrededores.


Pero en lugar de anunciar un aumento de la presencia policial, Rubén Rocha, gobernador del estado, dijo el lunes que los mil miembros de la policía municipal no volverían a sus puestos de trabajo hasta que recuperen sus armas. Los militares, la policía estatal y la Guardia Nacional se encargarán de patrullar hasta entonces.

Rocha, que pertenece al partido gobernante Morena, indicó que se decidió retirar las armas para una inspección de los permisos y los números de serie como parte de un control “excepcional”, y aseguró que espera que la revisión “termine pronto”.


Históricamente, el ejército mexicano ha incautado las armas de las fuerzas policiales locales, ya sea porque sospecha que algunos agentes trabajan para bandas de narcotraficantes, o porque presumen que portan armas cortas privadas no registradas que harían que los abusos fueran más difíciles de rastrear.

En 2018, por ejemplo, el ejército incautó las armas de la policía municipal en la ciudad central de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, para llevar a cabo una inspección similar. En esa oportunidad las autoridades señalaron que con esa medida se buscaba garantizar “fuerzas de seguridad confiables”.


Cientos de efectivos del ejército han sido trasladados a Culiacán desde que estallaron los enfrentamientos entre dos facciones del Cártel de Sinaloa luego de que los capos Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López —hijo del encarcelado narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán—, fueran detenidos en Texas el 25 de julio tras llegar en un pequeño avión.

Semanas después, Zambada afirmó que había sido secuestrado y obligado a subir al avión por Guzmán López, lo que desató una violenta batalla entre la facción de Zambada y el grupo de los “Chapitos”, integrado por los hijos del excapo.


La protesta del domingo fue la primera marcha de este tipo que los residentes se han atrevido a realizar desde que estalló la lucha entre los dos bandos. Los tiroteos se han registrado incluso en las zonas céntricas y los barrios de lujo de Culiacán, y los padres se han resistido a enviar a sus hijos a la escuela desde principios de septiembre.

Las escuelas de Culiacán han recurrido en gran medida a las clases en línea para evitar los tiroteos que ocurren casi a diario en la ciudad. El lunes, unos pistoleros mataron a tiros al líder del sindicato local de ganaderos, Faustino Hernández, a plena luz del día y en una calle del centro de la ciudad.


La asociación civil “Culiacán Valiente” organizó a los residentes para que se vistieran de blanco el domingo mientras portaban pancartas en las que se leía “¡Recuperemos nuestras calles!”.

“Queremos el regreso a clases presenciales sólo si se garantiza la seguridad de los alumnos”, señalaron los organizadores de la marcha en un comunicado.


Rocha reconoció que la batalla es entre dos facciones de los cárteles —los llamó los “Chapitos” y los “Mayitos”— y se comprometió a combatir a ambos por igual.

“Está claro que actúan dos grupos aquí que están confrontados”, dijo Rocha al hablar de la disputa en su estado. “La autoridad está para enfrentarlos en igualdad de circunstancias sin excepción alguna a ambos”, agregó.


Los dos grupos han empezado a dejar señales en los cadáveres para identificar a su organización.: Los “Chapitos” colocan pedazos de pizza (derivado del apodo colectivo del grupo “La ChaPIZA”), mientras que los partidarios de Zambada ponen sobre las víctimas sombreros de vaquero, que reflejan la creencia de que la facción de Zambada es más de la vieja escuela que los jóvenes Guzmán.

La situación ha llegado a un punto que tanto que los pistoleros del cártel han comenzado a secuestrar autobuses y camiones y a quemarlos para bloquear las carreteras de entrada y salida de Culiacán.


Rocha reconoció que quedó atrapado el viernes durante horas en el tráfico después de uno de los bloqueos del cártel cuando viajó a la ciudad turística de Mazatlán para reunirse con el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador.

El lunes, el gobernador prometió instalar en las carreteras cercanas a Culiacán cinco escuadrones “antibloqueo” con policías estatales y militares que estarían equipados con camiones cisterna para apagar las llamas y remolcar los restos.


Incluso el comandante del ejército local, general Francisco Leana Ojeda, reconoció recientemente que las autoridades aspiraban que la disputa termine "lo más rápido posible, pero no dependen de nosotros, depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer confrontación entre ellos"



Retiran negocio irregular que ocupaba espacio público

Cortesía
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Redacción
Redacción

06 de March del 2026, 17:46

Ciudad Juárez.- Dependencias del Gobierno Municipal realizaron un operativo para retirar un establecimiento que operaba de manera irregular en un espacio público, como parte de las acciones del programa permanente de reordenamiento urbano.

El director de la Dirección de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que el sitio funcionaba como tarimera, además de dedicarse a la venta de frutas y verduras y a la crianza de algunos animales, actividades que se realizaban sin los permisos correspondientes.

Durante la intervención se detectó la invasión del derecho de vía y la acumulación de residuos de madera y material industrial en un área superior a los 2 mil metros cuadrados, lo que generaba problemas de contaminación y riesgos para la seguridad.

El funcionario explicó que el negocio había sido notificado en tres ocasiones —en octubre de 2025 y en febrero de este año— para que regularizara su situación; sin embargo, los responsables no atendieron las indicaciones de las autoridades.

Además, se identificaron desechos provenientes de al menos seis empresas maquiladoras, por lo que en los próximos días se buscará el acercamiento con estas compañías para implementar un programa de limpieza en la zona.

El encargado del área de Inspección y Vigilancia, Francisco García, indicó que se aplicó una sanción equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) por incumplir con las recomendaciones y generar contaminación con el almacenamiento del material.

Por su parte, personal de la Dirección General de Protección Civil detectó que el lugar carecía de extintores, señalización y detectores de humo, además de presentar cableado eléctrico expuesto, lo que representaba un riesgo de incendio.

Durante el operativo también participó la Coordinación General de Seguridad Vial, cuyos elementos retiraron un vehículo abandonado que fue trasladado al corralón. En las acciones colaboraron igualmente la Dirección de Regulación Comercial y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.


Se declara en bancarrota Diócesis de El Paso por demandas de abuso

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Redacción
Redacción

06 de March del 2026, 17:28

El Paso.- La Diócesis Católica de El Paso presentó una solicitud de protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, argumentando una creciente presión financiera derivada de litigios por presuntos abusos sexuales cometidos por miembros del clero.

De acuerdo con documentos judiciales presentados por el director financiero Gregory J. Watters, la medida busca permitir la reorganización de las finanzas de la diócesis mientras continúan operando sus programas religiosos, educativos y de asistencia social.

Actualmente la institución enfrenta 18 demandas agrupadas en 12 procesos judiciales en Nuevo México, relacionados con denuncias de abuso sexual infantil presuntamente ocurridos entre 1956 y 1982. Las autoridades eclesiásticas advirtieron que los costos legales y posibles acuerdos podrían ascender a decenas de millones de dólares.

Funcionarios de la Iglesia señalaron que el proceso de bancarrota permitirá establecer un mecanismo ordenado para atender las reclamaciones de las víctimas, evitando que solo los primeros demandantes reciban compensación mientras otros queden sin acceso a recursos.

Como parte del proceso, la diócesis propondrá un plazo de 120 días para que posibles víctimas presenten reclamaciones relacionadas con abusos cometidos por sacerdotes, empleados o voluntarios.

El obispo de la diócesis, Mark J. Seitz, ofreció disculpas públicas a los sobrevivientes y afirmó que la Iglesia busca avanzar hacia un proceso de reconciliación y garantizar entornos seguros para las comunidades católicas.

Según los registros financieros, para el año fiscal que concluyó el 30 de junio de 2025 la diócesis reportó gastos por 15.36 millones de dólares frente a ingresos por 14.96 millones, lo que generó un déficit cercano a 401 mil dólares.

La institución religiosa también solicitó autorización judicial para continuar pagando salarios, seguros, servicios básicos y otros gastos esenciales durante el proceso de reorganización, con el fin de evitar afectaciones en sus actividades pastorales y programas comunitarios en la región fronteriza.


Lo vinculan a proceso por la desaparición de Kimberly Joselin en Morelos

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Redacción
Redacción

06 de March del 2026, 16:51

Morelos.- Un juez de control dictó este viernes auto de vinculación a proceso en contra de Jared Alejandro “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada en perjuicio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán. 

Durante la comparecencia, la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por el fiscal Fernando Blumenkron Escobar, presentó los datos de prueba que acreditan la probable participación del imputado en los hechos ocurridos a finales de febrero. El juzgador determinó que existen elementos suficientes para continuar con el proceso legal, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva y fijando un plazo para el cierre de la investigación complementaria. 

Kimberly Joselin, estudiante de 18 años de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la UAEM, fue vista por última vez el 20 de febrero cuando se dirigía a su centro de estudios.

Tras días de búsqueda y protestas estudiantiles, la Fiscalía confirmó el 3 de marzo el hallazgo del cuerpo de la joven en una zona boscosa de Chamilpa, Cuernavaca.

Jared Alejandro “N”, quien era compañero y presunta pareja sentimental de la víctima, fue detenido el 1 de marzo luego de un cateo en su domicilio donde se localizaron pertenencias de la joven. 

El fiscal general aseguró que con esta vinculación se busca dar respuesta a la familia y evitar que el crimen quede impune. "Dimos un paso importante para que Kimberly Joselin tenga justicia", señaló en un mensaje a medios. 

Aunque actualmente el proceso formal es por desaparición agravada, algunos reportes indican que la investigación también se integra bajo el protocolo de feminicidio tras la localización de la víctima.