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Incauta armas a la Policía de Culiacán
El gobernador de Sinaloa dijo que la medida era como parte de un control 'excepcional' y que espera que la revisión 'termine pronto'
Associated Press
Agencia AP
30 de septiembre de 2024, 20:39
Culiacán.- La policía de la ciudad de Culiacán, dominada por cárteles de las drogas, fue retirada de las calles después de que el ejército confiscara sus armas, anunciaron el lunes las autoridades.
La medida se adoptó un día después de que unos mil 500 habitantes de la capital del estado de Sinaloa, realizaran una marcha por el centro de la ciudad para exigir paz tras semanas en las que los tiroteos entre cárteles han causado la muerte de decenas de personas en la ciudad y sus alrededores.
Pero en lugar de anunciar un aumento de la presencia policial, Rubén Rocha, gobernador del estado, dijo el lunes que los mil miembros de la policía municipal no volverían a sus puestos de trabajo hasta que recuperen sus armas. Los militares, la policía estatal y la Guardia Nacional se encargarán de patrullar hasta entonces.
Rocha, que pertenece al partido gobernante Morena, indicó que se decidió retirar las armas para una inspección de los permisos y los números de serie como parte de un control “excepcional”, y aseguró que espera que la revisión “termine pronto”.
Históricamente, el ejército mexicano ha incautado las armas de las fuerzas policiales locales, ya sea porque sospecha que algunos agentes trabajan para bandas de narcotraficantes, o porque presumen que portan armas cortas privadas no registradas que harían que los abusos fueran más difíciles de rastrear.
En 2018, por ejemplo, el ejército incautó las armas de la policía municipal en la ciudad central de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, para llevar a cabo una inspección similar. En esa oportunidad las autoridades señalaron que con esa medida se buscaba garantizar “fuerzas de seguridad confiables”.
Cientos de efectivos del ejército han sido trasladados a Culiacán desde que estallaron los enfrentamientos entre dos facciones del Cártel de Sinaloa luego de que los capos Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López —hijo del encarcelado narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán—, fueran detenidos en Texas el 25 de julio tras llegar en un pequeño avión.
Semanas después, Zambada afirmó que había sido secuestrado y obligado a subir al avión por Guzmán López, lo que desató una violenta batalla entre la facción de Zambada y el grupo de los “Chapitos”, integrado por los hijos del excapo.
La protesta del domingo fue la primera marcha de este tipo que los residentes se han atrevido a realizar desde que estalló la lucha entre los dos bandos. Los tiroteos se han registrado incluso en las zonas céntricas y los barrios de lujo de Culiacán, y los padres se han resistido a enviar a sus hijos a la escuela desde principios de septiembre.
Las escuelas de Culiacán han recurrido en gran medida a las clases en línea para evitar los tiroteos que ocurren casi a diario en la ciudad. El lunes, unos pistoleros mataron a tiros al líder del sindicato local de ganaderos, Faustino Hernández, a plena luz del día y en una calle del centro de la ciudad.
La asociación civil “Culiacán Valiente” organizó a los residentes para que se vistieran de blanco el domingo mientras portaban pancartas en las que se leía “¡Recuperemos nuestras calles!”.
“Queremos el regreso a clases presenciales sólo si se garantiza la seguridad de los alumnos”, señalaron los organizadores de la marcha en un comunicado.
Rocha reconoció que la batalla es entre dos facciones de los cárteles —los llamó los “Chapitos” y los “Mayitos”— y se comprometió a combatir a ambos por igual.
“Está claro que actúan dos grupos aquí que están confrontados”, dijo Rocha al hablar de la disputa en su estado. “La autoridad está para enfrentarlos en igualdad de circunstancias sin excepción alguna a ambos”, agregó.
Los dos grupos han empezado a dejar señales en los cadáveres para identificar a su organización.: Los “Chapitos” colocan pedazos de pizza (derivado del apodo colectivo del grupo “La ChaPIZA”), mientras que los partidarios de Zambada ponen sobre las víctimas sombreros de vaquero, que reflejan la creencia de que la facción de Zambada es más de la vieja escuela que los jóvenes Guzmán.
La situación ha llegado a un punto que tanto que los pistoleros del cártel han comenzado a secuestrar autobuses y camiones y a quemarlos para bloquear las carreteras de entrada y salida de Culiacán.
Rocha reconoció que quedó atrapado el viernes durante horas en el tráfico después de uno de los bloqueos del cártel cuando viajó a la ciudad turística de Mazatlán para reunirse con el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador.
El lunes, el gobernador prometió instalar en las carreteras cercanas a Culiacán cinco escuadrones “antibloqueo” con policías estatales y militares que estarían equipados con camiones cisterna para apagar las llamas y remolcar los restos.
Incluso el comandante del ejército local, general Francisco Leana Ojeda, reconoció recientemente que las autoridades aspiraban que la disputa termine "lo más rápido posible, pero no dependen de nosotros, depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer confrontación entre ellos"
Trasladan reclusas previo a la inauguración del nuevo Cereso Femenil
27 de January del 2026, 09:27
Ciudad Juárez.- Durante la madrugada de este martes, autoridades realizaron movimientos en el Cereso Estatal Número 3, ubicado en la calle Barranco Azul, trasladando personas privadas de la libertad a las nuevas instalaciones del Cereso Femenil 2, que será inaugurado esta mañana.
El traslado se llevó a cabo únicamente para preparar la apertura oficial del centro penitenciario; aún no se ha confirmado el traslado total de las personas.
La inauguración se realizará a las 11:00 horas, en la intersección de las calles Puerto Anzio y Arturo Álvarez, en la colonia Carlos Chavira, Ciudad Juárez.
Se espera la presencia de autoridades estatales y federales, entre ellas la gobernadora Maru Campos, el secretario de Seguridad Pública Gilberto Loya, el Fiscal General César Jáuregui, y representantes del TSJ, la FGR, la CEDH y la 5.ª Zona Militar.
Vecinos denuncian robos y violencia en Residencial Leones
Manuel Escogido
27 de January del 2026, 09:21
Chihuahua.- Habitantes del fraccionamiento Residencial Leones I y II cerraron las principales calles del centro de la ciudad para exigir justicia ante una serie de irregularidades relacionadas con Serapio Muñoz, fraccionador de la zona habitacional.
Los inconformes se apostaron desde el exterior del Palacio de Gobierno hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicadas sobre el Paseo Bolívar, donde demandan justicia frente a los problemas que enfrentan.
Entre las irregularidades, señalan los robos y daños que han sufrido a manos de Serapio Muñoz, quien se niega a entregar la administración, a pesar de que más de cien familias ya pagaron sus respectivos inmuebles.
También han denunciado la prepotencia y violencia ejercida por los escoltas del administrador, quienes los amedrentan cuando no se cumplen las disposiciones que impone de manera unilateral.
Los habitantes aseguraron que cuentan con más de diez denuncias por estos hechos, y que la autoridad no ha intervenido, por lo que optaron por cerrar las calles para visibilizar su caso y exigir justicia.
Cuatro habitantes de Residencial Leones ingresaron acompañados por Francisco Arizpe, coordinador de ministerios públicos, con quien realizarán las diligencias correspondientes para dar seguimiento a su caso.
Suprema Corte: Sheinbaum revela privilegios cancelados a exministros
27 de January del 2026, 08:39
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló este martes, durante la conferencia La Mañanera del Pueblo, los salarios, bonos y beneficios que recibían los ministros de la Suprema Corte antes de la reforma judicial. Señaló que, como parte de la transformación del Poder Judicial, ya se cancelaron 59 apoyos administrativos considerados no oficiales.
Durante su intervención, la mandataria explicó que pidió al órgano administrativo de la Corte un informe comparativo sobre los sueldos y beneficios de los ministros en periodos anteriores y el actual, tras declaraciones públicas del presidente del máximo tribunal. “Si no recordamos lo que había antes, no se entiende por qué era necesaria la reforma”, subrayó.
Sheinbaum detalló que, antes de la reforma, cada ministro percibía un salario mensual neto de 206 mil 947 pesos y contaba con seguros de gastos médicos mayores, seguros de separación individual, pagos por riesgo, aguinaldos superiores a 585 mil pesos, primas vacacionales, seguros de retiro y apoyos médicos adicionales, que en algunos casos superaban los 1.9 millones de pesos anuales. En el esquema vigente, varios de estos beneficios fueron eliminados o reducidos.
La presidenta también dio a conocer la lista de privilegios administrativos que fueron cancelados, los cuales pertenecían al área de atención a ministros y ministras y no correspondían a funciones oficiales. Entre los servicios eliminados se encuentran: contratación de agua, electricidad y telefonía en domicilios particulares; telefonía celular con cualquier compañía; compra de despensa y alimentos a domicilio; mantenimiento de elevadores; reparaciones eléctricas, de gas y plantas de luz; solicitud de pipas de agua; reservas en restaurantes y lugares preferenciales en estadios y eventos; compra de camisetas y bordado de ropa; traslado de familiares y amistades; mudanzas; préstamo de vehículos; asignación de personal para cuidado de menores; uso de vehículos oficiales en eventos privados; limpieza en casas; boletos de preventa o venta exclusiva; compra de boletos de avión; reservación de hospedaje; regalos para eventos personales; pago de colegiaturas; trámites bancarios; recuperación de objetos en aduanas; servicios de meseros y valet parking; compra de flores y coronas funerarias; televisión e internet en domicilios; gestión de boletos de cortesía; especialistas para reparación de electrodomésticos; y compra de medicamentos controlados agotados.
Sheinbaum destacó que de los 149 trámites identificados, 59 ya fueron eliminados y que continúa el diálogo para cancelar los 90 restantes, como parte de la reestructuración administrativa del nuevo Poder Judicial.