Chihuahua.- Los líderes parlamentarios de Movimiento Ciudadano y el PAN en el Congreso del Estado, Francisco Sánchez Villegas y Alfredo Chávez Madrid, impulsan una reforma para que la Fiscalía General del Estado se convierta en un órgano constitucional autónomo, con el fin de blindar las investigaciones penales de cualquier presión del Poder Ejecutivo.

La iniciativa busca otorgar a la Fiscalía personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía técnica, presupuestal, financiera y de gestión. De este modo, sus determinaciones no estarían sujetas a influencias, restricciones o condiciones por parte de otras autoridades.

Chihuahua es una de las seis entidades donde la Fiscalía todavía depende del Ejecutivo, mientras que el resto del país ya ha adoptado esquemas de autonomía constitucional, según señaló Sánchez Villegas.

“Una Fiscalía subordinada al gobierno en turno nunca podrá garantizar plenamente que la ley se aplique sin cálculos políticos. Esta reforma busca que, en Chihuahua, la justicia no reciba órdenes del poder, que investigue con absoluta independencia y que responda únicamente ante la Constitución y los ciudadanos”, declaró el coordinador de Movimiento Ciudadano.

El legislador enfatizó que la independencia del organismo es crucial en casos de corrupción, delincuencia organizada, violaciones graves a derechos humanos y delitos cometidos por servidores públicos.

La propuesta modifica el mecanismo de designación de la persona titular de la Fiscalía. La terna que presente el Poder Ejecutivo sería analizada por la Comisión de Justicia del Congreso, que llevaría a cabo comparecencias para evaluar la experiencia e idoneidad de los aspirantes. La designación final requeriría el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Además, la remoción del titular solo procedería por causas graves debidamente acreditadas, con derecho a la defensa y mediante el mismo umbral de votación calificada en el Congreso del Estado.

Los promoventes afirman que la reforma fortalecerá el sistema de procuración de justicia, incrementará la confianza ciudadana y asegurará que la persecución de los delitos se base en criterios jurídicos y técnicos, sin subordinación al poder político.