Ciudad de México.- El Senado de la República analiza una reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano que busca establecer un Protocolo de Protección Diplomática y Consular de Emergencia, con el fin de que el Estado pueda actuar con mayor celeridad ante situaciones críticas que amenacen a ciudadanos mexicanos en el extranjero.
La propuesta, impulsada por el PAN y actualmente en comisiones, plantea la activación del protocolo en casos como detenciones arbitrarias, desapariciones, secuestros o imposición de la pena de muerte, así como ante violaciones graves al debido proceso o al derecho internacional de los derechos humanos.
También se contemplan amenazas a la integridad física, la libertad y otros derechos fundamentales, además de riesgos derivados de conflictos armados, crisis severas de estabilidad política y jurídica, y emergencias ocasionadas por desastres naturales.
La exposición de motivos destaca que la protección consular tiene como objetivo asistir a los mexicanos arrestados, detenidos o en prisión y, en su caso, organizar su defensa ante los tribunales del Estado receptor, evitando daños y perjuicios indebidos.
La iniciativa reconoce que los funcionarios de consulados y embajadas mexicanas enfrentan dificultades para cumplir adecuadamente con esta labor, especialmente por la alta demanda de atención en situaciones de extrema gravedad, como los conflictos bélicos, que requieren medidas y acciones especiales.
Como ejemplo, se señala que la respuesta ante el conflicto armado en Medio Oriente “dejó la impresión de que las acciones para la protección de los mexicanos en la región no fueron lo expeditas e integrales que debieron haber sido”.
Pese a que no se han reportado daños a connacionales, la iniciativa subraya que, a diferencia de México, otros países enviaron aviones de rescate para facilitar la salida de sus ciudadanos de la zona de conflicto, lo que evidencia la necesidad de un mecanismo más ágil y coordinado.
