Identifican a tres víctimas del enfrentamiento en carretera Parral - Jiménez

Ciudad Juárez.- A unos días de que termine marzo, el Municipio mantiene activo el descuento en el pago del Impuesto Predial para contribuyentes cumplidos, beneficio que estará vigente hasta el día 31.

La directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, dio a conocer que durante este mes se aplica un 5 por ciento de descuento de forma automática al momento de realizar el pago.

Detalló que este porcentaje se integra por un 3 por ciento dirigido a quienes no tienen adeudos de años anteriores, más un 2 por ciento adicional por pronto pago.

Se trata, dijo, de la última oportunidad en el año para obtener este tipo de estímulos, con los que el Municipio busca incentivar a la ciudadanía a mantenerse al corriente en sus contribuciones.

El pago puede realizarse tanto en cajas de Tesorería como en centros comerciales y establecimientos autorizados, además de la opción en línea mediante el portal oficial o la aplicación Juárez Conectado.

La funcionaria recordó que lo recaudado a través del predial se utiliza para fortalecer servicios públicos y llevar a cabo obras en distintos sectores de la ciudad, por lo que invitó a la población a aprovechar el descuento antes de que concluya el plazo.

Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó el denominado Plan B de la reforma electoral; sin embargo, dejó fuera la propuesta relacionada con la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que impide que este ejercicio se adelante como lo había planteado Morena.

La exclusión del tema ocurrió en medio de la postura firme del Partido del Trabajo (PT), aliado del partido en el poder, que rechazó vincular la consulta con los procesos electorales.

De acuerdo con el PT, la modificación contemplaba otorgar espacios de propaganda a la titular del Ejecutivo federal, lo que —a su juicio— generaría una ventaja electoral para Morena en los comicios intermedios.

En la votación, el Senado determinó desechar la propuesta que abría la posibilidad de incluir a la mandataria en la boleta electoral de 2027 y permitirle promover el voto a su favor. La decisión fue respaldada con 87 votos de Morena, PVEM y PT, frente a 41 sufragios en contra por parte de la oposición.

Entre los cambios aprobados dentro del Plan B destacan el establecimiento de un límite de 15 regidurías, la restricción de que los congresos locales no superen el 0.70% del gasto anual estatal, la eliminación de seguros de vida y bonos para consejeros del INE, magistrados y funcionarios de los organismos electorales locales, así como una reducción progresiva del 15% al presupuesto del Senado.

Tal como lo había anticipado su dirigente nacional, Alberto Anaya, la bancada del PT respaldó la iniciativa en lo general, pero se deslindó del artículo 35 al presentar una reserva para eliminarlo por completo.

Ciudad de México.- En México, millones de personas forman parte del Buró de Crédito, una Sociedad de Información Crediticia donde se registran los historiales financieros de quienes solicitan préstamos en bancos, tiendas departamentales u otras instituciones. A pesar de su función informativa, comúnmente se le denomina de forma errónea como una “lista negra”.

Una de las principales inquietudes entre quienes presentan atrasos o deudas es saber cuándo desaparecerá su historial negativo, así como las posibles consecuencias legales por incumplir con sus pagos.

Una de las dudas más frecuentes es si una persona puede ser encarcelada por no pagar sus deudas. Al respecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente que nadie puede ser privado de la libertad por obligaciones de carácter civil.

En ese sentido, dejar de pagar una tarjeta de crédito, un préstamo bancario o una deuda entre particulares no constituye un delito penal, por lo que estos casos se resuelven mediante procedimientos civiles o mercantiles.

No obstante, los acreedores sí tienen la posibilidad de recurrir a instancias legales para exigir el cumplimiento del pago. Esto puede incluir demandas judiciales o incluso el embargo de bienes, pero en ningún caso implica la detención o encarcelamiento del deudor.