El máximo tribunal de Nuevo México frenó de manera provisional la extracción de agua de un pozo recién perforado que abastecería al Proyecto Júpiter, un centro de datos en construcción en Santa Teresa. La decisión responde a un recurso presentado por el Centro para la Diversidad Biológica, que cuestionó la legalidad del permiso de emergencia otorgado a Santa Teresa Capital, LLC.

La orden del Tribunal Supremo deja sin efecto, por ahora, la autorización emitida el 23 de octubre de 2025 por la Oficina del Ingeniero Estatal. Ese permiso permitía a la empresa utilizar el agua del pozo para las obras del complejo tecnológico. La suspensión se mantendrá hasta que el propio tribunal emita una nueva resolución, y fijó el 2 de septiembre como fecha límite para que las partes presenten sus respuestas.

El caso, identificado como Center for Biological Diversity v. Elizabeth Anderson y Santa Teresa Capital, LLC, gira en torno a si el permiso de emergencia cumplió con los requisitos legales. La organización ambiental argumentó que no se realizó la notificación pública ni la audiencia obligatorias, y recordó que desde abril se habían extraído más de 103 millones de galones de agua dulce.

En una resolución paralela, el tribunal también detuvo el procedimiento administrativo relacionado con el caso New Energy Economy v. New Mexico Environment Department, vinculado a la autorización de emisiones atmosféricas del proyecto. Esta medida generó alivio entre residentes y grupos que participan en el proceso, como Vivian Fuller, habitante de Santa Teresa, quien consideró positiva la intervención judicial.

Fuller afirmó que la suspensión representa un avance hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas. Además, manifestó que persisten numerosas dudas entre los habitantes sobre lo que ocurrirá en el futuro y expresó preocupación por la falta de información disponible para la comunidad.

Oracle, empresa involucrada en el Proyecto Júpiter, defendió el desarrollo y aseguró que tanto la compañía como sus socios mantienen el compromiso de desarrollar la obra de manera responsable y bajo los procesos regulatorios correspondientes. La empresa sostuvo que cumple con los procedimientos y periodos de revisión pública aplicables, y que está preparada para continuar con el proceso de audiencia pública del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México.

La tecnológica destacó que el proyecto ha generado casi 80 millones de dólares en ingresos fiscales y proyecta un impacto económico de más de 4 mil 700 millones de dólares a largo plazo. Hasta ahora, 2 mil 700 personas han trabajado en la obra, incluyendo casi 700 residentes de Nuevo México. Se estima que la construcción creará más de 7 mil empleos y se mantendrán mil 500 puestos de trabajo.

Oracle lamentó que la orden judicial pueda afectar a una empresa local dedicada a la producción comercial de césped, así como a los 14 residentes de Santa Teresa cuyos empleos dependen de esa actividad. La compañía afirmó que acatará la resolución judicial y que continuará trabajando en un esquema de manejo sostenible del agua, que incluye refrigeración en circuito cerrado y una alianza con Arable para conservar en la cuenca del Río Grande-Bravo una cantidad de agua superior a la utilizada por el proyecto.