El Departamento de Estado de Estados Unidos alista un cambio sustancial en el trámite de pasaportes para menores: los padres tendrán que demostrar su ciudadanía o estatus migratorio como condición para que sus hijos obtengan el documento. La medida se desprende de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 6 de agosto, dirigida contra el llamado “turismo de maternidad”.
Hasta ahora, para tramitar el pasaporte de un menor nacido en el país bastaba con acreditar el parentesco y presentar una identificación con fotografía. El nuevo borrador detalla por primera vez cómo se aplicaría la directiva presidencial, que amplía las excepciones históricas a la ciudadanía por nacimiento.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, defendió la iniciativa en un comunicado: “el presidente Trump ha sido inequívoco en que esta Administración protegerá el significado y el valor de la ciudadanía estadunidense. Y eso incluye asegurarse de que nuestro proceso de tramitación de pasaportes refleje plenamente ese estándar”. La Casa Blanca remitió las preguntas de Reuters a la agencia diplomática.
La orden del 6 de agosto es más acotada que la de enero de 2025, que la Corte Suprema declaró inconstitucional por violar la Cláusula de Ciudadanía de la 14.ª Enmienda. En aquella oportunidad, el máximo tribunal falló seis a tres en contra de la orden que habría otorgado ciudadanía automática solo a hijos de ciudadanos o residentes permanentes legales.
La nueva directiva se centra en negar la ciudadanía a niños cuyos padres trabajen para un Gobierno extranjero, participen en fraude o sean considerados “enemigos extranjeros”. “El Departamento exigirá información sobre los padres y pruebas de su ciudadanía o estatus migratorio como parte de su determinación de si el solicitante está sujeto a la Orden Ejecutiva 14418”, establece el borrador.
Para cumplir con ese requisito, los padres deberían presentar un pasaporte estadounidense válido, un acta de nacimiento, un formulario I-94 o una tarjeta de residencia permanente. Actualmente, el formulario de solicitud pide a los padres marcar una casilla sobre su ciudadanía, pero no exige documentación de respaldo.
Organizaciones y abogados que representan a bebés afectados por la orden inicial han pedido a dos jueces federales que bloqueen la nueva medida. Una de las demandas está en manos de la jueza Deborah Boardman, designada por Joe Biden, quien en una audiencia en Greenbelt, Maryland, se mostró escéptica ante lo que calificó como una orden sin precedentes.
Boardman permitió a los demandantes modificar su demanda para evaluar un posible bloqueo. El Departamento de Justicia argumentó que la impugnación es prematura, ya que las agencias federales aún no han emitido directrices públicas sobre la implementación de la orden presidencial.
