Chihuahua.- Comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara y organizaciones de derechos humanos exigieron al Estado mexicano soluciones de fondo ante el desplazamiento forzado interno, al considerar que la respuesta oficial se ha centrado en asistencia humanitaria sin garantizar justicia, reparación del daño ni condiciones para un retorno seguro.
El pronunciamiento se dio tras la visita a Chihuahua de la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México-Unión Europea, que junto con la eurodiputada española Diana Riba i Giner recorrió comunidades de Baborigame y Guadalupe y Calvo. La Misión Civil de Observación sobre el Desplazamiento Forzado Interno (MCO) señaló que las respuestas institucionales de los gobiernos municipal, estatal y federal siguen siendo insuficientes para restituir las condiciones de vida de las personas afectadas.
Durante décadas, las organizaciones han documentado el desplazamiento de familias, principalmente de pueblos indígenas, quienes han perdido territorios ancestrales, bienes naturales y medios de subsistencia, así como la posibilidad de ejercer libremente su identidad cultural. Algunas familias llevan más de diez años exigiendo justicia, sin que los cambios de administración o partido político hayan significado una solución definitiva.
Entre las medidas pendientes, las organizaciones enumeraron la elaboración de un censo confiable de personas desplazadas, la asignación de presupuestos específicos, atención institucional diferenciada, investigaciones penales, pacificación de las regiones afectadas, restitución de tierras y garantías para el retorno seguro.
La MCO sostuvo que la atención no debe limitarse a contabilizar los apoyos entregados, sino que requiere leyes, recursos públicos y programas que resuelvan las consecuencias del desplazamiento a mediano y largo plazo. Advirtió que la problemática no debe utilizarse como instrumento de disputa política ni convertirse en botín electoral, ante los próximos procesos electorales en Chihuahua y el país.
“Una persona desplazada no deja de serlo hasta que se encuentren soluciones duraderas que restituyan sus condiciones de vida antes del desplazamiento”, expuso el organismo, al señalar que la seguridad y pacificación de los territorios deben ocupar un lugar central en las acciones gubernamentales.
Las organizaciones consideraron que la visita de la delegación europea representa un ejercicio de observación, diálogo e incidencia internacional, derivado de años de resistencia y denuncia de las comunidades. Finalmente, hicieron un llamado al Estado mexicano a cumplir con su responsabilidad constitucional de proteger la vida, seguridad y dignidad de la población, y garantizar acceso a justicia, reparación y soluciones duraderas.