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San Luis Potosí.- El alcalde de una localidad del estado de San Luis Potosí, en el centro norte de México, fue asesinado a tiros junto a tres personas, informaron el lunes las autoridades federales. El incidente ocurre a menos de una semana del homicidio de un congresista federal baleado en el sureste del país.

Jesús Franco Lárraga, alcalde del poblado de Tancanhuitz, fue agredido el domingo en la carretera que comunica las localidades de Ciudad Valles y Tamazunchale, dijo en un comunicado la Secretaría de Seguridad federal. En el ataque fallecieron otras tres personas.

Franco Lárraga, integrante del partido gobernante Morena, había asumido el cargo en octubre tras ser electo en los comicios generales de junio pasado.

La Fiscalía de San Luis Potosí indicó que las víctimas fueron localizadas con diversas lesiones dentro de un vehículo.

Medios locales reportaron que Franco Lárraga fue interceptado en una carretera por un grupo armado que realizó varios disparos contra el vehículo en el que se trasladaba junto a su secretario particular y dos escoltas.

El pasado lunes fue asesinado el diputado federal Benito Aguas Atlahua, integrante del partido prooficialista Verde Ecologista de México, en el estado sureño de Veracruz, en el Golfo de México. Aguas Atlahua murió en un hospital tras ser tiroteado por personas armadas que se trasladaban en una motocicleta quienes le realizaron varios disparos y luego huyeron.

A mediados de la semana pasada también se reportó el homicidio del magistrado estatal Edmundo Román Pinzón, quien fue baleado dentro de su vehículo al salir de la sede de los tribunales en la ciudad turística de Acapulco, en el sur del país.

Por otra parte, las autoridades federales anunciaron el lunes que fueron detenidas diez personas señaladas de integrar una supuesta célula delictiva que se dedicaba al tráfico de personas y la falsificación de documentos. Las detenciones se hicieron en operaciones simultáneas en la Ciudad de México y en los estados de Nayarit y Estado de México.

Tapachula.- Más de un centenar de policías fueron detenidos en dos operaciones separadas en los estados de Chiapas y Veracruz, en el sur de México, anunciaron el lunes autoridades estatales.

El secretario de Seguridad del sureño estado de Chiapas, Óscar Aparicio Avendaño, dijo el lunes en conferencia de prensa que los agentes de la localidad de Comitán —cercana a la frontera con Guatemala— fueron apresados luego de que intentaron impedir un operativo de toma de control de un centro de videovigilancia y agredieron a funcionarios estatales.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, indicó que, de acuerdo con las primeras investigaciones, los 92 policías municipales detenidos pasaban información a las agrupaciones campesinas sobre los operativos estatales para que realizaran los bloqueos carreteros, por lo que serán procesados por los delitos de ejercicio ilegal de funciones y motín.

Tras su detención, se iniciaron diversos operativos en la región, lo que provocó bloqueos carreteros por parte de organizaciones campesinas que utilizaron camiones y destruyeron cámaras de videovigilancia de la ciudad. Una treintena de personas fueron detenidas luego de que se desalojaron las vías, informaron las autoridades. Las organizaciones campesinas han sido señaladas de actuar bajo amenaza de los criminales.

El gobernador oficialista de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, hizo un llamado a la población a que no tengan miedo y no se dejen someter por los delincuentes. “Se acabaron esos tiempos donde llegaban, los sometían, (y les decían) vayan a hacer esto, vayan a bloquear, vayan en contra de las fuerzas armadas”, dijo Ramírez Aguilar, quien asumió el cargo la semana pasada.

Hace una semana las autoridades presentaron un nuevo grupo élite de 500 elementos, denominado “Fuerza de Reacción Inmediata Pakal”, que está integrado por ex agentes federales. La agrupación tendrá entre sus funciones el combate al crimen en Chiapas, donde desde hace meses se ha registrado una cruenta disputa entre los poderosos cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación por el control de las rutas del tráfico de migrantes, drogas y armas procedentes de Centroamérica hacia los Estados Unidos.

Además, otros trece policías de la Secretaría de Seguridad Pública del estado suroriental de Veracruz, en el Golfo de México, fueron detenidos como probables responsables del delito de desaparición forzada.

La Fiscalía General de Veracruz informó que 11 hombres y dos mujeres, que se desempeñaban como policías estatales, fueron puestos a disposición de un juez local para determinar su situación jurídica.

Las autoridades de Veracruz señalaron que se trata de tres casos de desaparición forzada en la que presuntamente participaron los agentes. Hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre cómo y cuándo ocurrieron los hechos. Los elementos fueron detenidos al ser citados para recibir un taller en la capital de este estado.

El mes pasado fueron apresados siete funcionarios municipales en distintas regiones del Estado de México, vecino a la capital mexicana, por su presunta relación con delitos como extorsión, secuestro exprés y homicidio. Entre los detenidos estaba la alcaldesa del municipio de Amanalco, María Elena Martínez, y tres directivos de seguridad municipal. Durante la operación el director de seguridad del municipio de Texcaltitlán se suicidó con su propia pistola cuando iba a ser detenido.

Aldama.- Juan Uriel J. T. fue sentenciado a ocho meses de prisión por el delito de violencia familiar.

El agente del Ministerio Público demostró que el hombre insultó a su madre y la amenazó con un cuchillo, diciéndole que la iba a matar, en hechos ocurridos los días 10 y 19 de abril del 2021 en un domicilio de la colonia Emiliano Zapata en ciudad Aldama, Chihuahua.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, la víctima alcanzó a correr y llamar a la Policía Municipal cuyos agentes efectuaron la detención de Juan Uriel J. T.

El juez le concedió la suspensión del proceso a prueba, no obstante, incumplió con las medidas condicionales, por lo que fue detenido con una orden de aprehensión y se reanudó el proceso penal en su contra, mismo que concluyó en un procedimiento especial abreviado.