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Chihuahua.- Dirigentes sindicales, autoridades educativas y el Congreso local respaldaron la construcción de un protocolo único de actuación para atender casos de violencia escolar, acoso sexual, violencia digital y maltrato, con el objetivo de proteger a niñas, niños y adolescentes, y otorgar certeza jurídica a maestras y maestros.

El secretario general de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Eduardo Antonio Zendejas Amparán, afirmó que el decreto impulsado desde la Comisión de Educación del Congreso fortalece la facultad del Ejecutivo para aplicar un instrumento claro y sin interpretaciones discrecionales.

“No puede ser que en el magisterio el maestro sea culpable hasta que no se demuestre lo contrario”, expresó al señalar que, hasta ahora, la falta de lineamientos precisos colocaba en vulnerabilidad a los trabajadores de la educación ante cualquier señalamiento.

Indicó que el documento fue construido de manera conjunta entre la autoridad educativa y las organizaciones sindicales, y subrayó que uno de los puntos centrales será la capacitación “real, efectiva, en tiempo pagado y presencial”. Precisó que solo en el sistema federal existen 393 zonas escolares, donde deberá desarrollarse la formación correspondiente y levantarse actas que acrediten dicha capacitación.

Por su parte, el secretario general de la Sección 42 del SNTE, Manuel Quiroz Carbajal, destacó que el acuerdo representa un esfuerzo de consenso en un contexto social complejo. Llamó a los medios de comunicación a dar seguimiento a la implementación del protocolo y aseguró que su elaboración incluyó la voz de docentes de distintas regiones del estado. Señaló que el trabajo no responde a ocurrencias, sino a un derecho consagrado en la Constitución y a la necesidad de brindar certidumbre tanto a la base trabajadora como a las familias.

El secretario de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez Dávila, informó que en Chihuahua el sistema educativo atiende a más de un millón de alumnos, casi 700 mil en educación básica, con la participación de cerca de 60 mil docentes, entre los sistemas estatal y federal.

Explicó que la actualización normativa responde a la necesidad de fortalecer la intervención institucional para prevenir la violencia en perjuicio de estudiantes y ofrecer mayor certeza jurídica al personal docente.

“Aplaudo y agradezco al Congreso y a la Comisión de Educación que hayan asumido su responsabilidad para trabajar este insumo técnico, que deberá formar parte del proceso de actualización del protocolo”, expresó.

Aseguró que la Secretaría está preparada para atender el acuerdo aprobado por el Poder Legislativo y trabajar en coordinación con directivos, personal docente, padres de familia y estructura administrativa, con el fin de construir ambientes escolares de paz y capacidad metodológica para resolver conflictos.

En tanto, el presidente de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte del Congreso local, Óscar Avitia, reiteró el respaldo legislativo al trabajo conjunto con la autoridad educativa y las dirigencias sindicales, y sostuvo que el protocolo será resultado de un esfuerzo institucional sostenido, no de decisiones improvisadas.

Los participantes coincidieron en que el nuevo instrumento deberá traducirse en acciones concretas dentro de las escuelas, con capacitación y seguimiento, para garantizar tanto la protección de la niñez como el respeto a los derechos laborales del magisterio.

Chihuahua.- Con 32 votos a favor y cero en contra, el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó en sesión ordinaria un dictamen con carácter de decreto para reformar la Ley Estatal de Educación y la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Chihuahua, en materia de protección a los derechos humanos de las y los docentes.

El dictamen fue presentado por el presidente de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, diputado Óscar Avitia, quien señaló que la iniciativa surgió a petición del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pidió que impulsáramos este decreto, que garantizáramos que hubiese una propuesta que ha sido construida en conjunto con ellos. Voy a hacer entrega a mi organización sindical para que mi organización sindical haga entrega a la autoridad educativa local”, expresó en tribuna.

Avitia aclaró que la emisión y aplicación del protocolo corresponde al Poder Ejecutivo estatal. “Nos queda muy claro que el protocolo es competencia del señor secretario de Educación, es competencia del Poder Ejecutivo, es competencia de la Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua”, indicó.

Subrayó que desde el Legislativo se construyó una base normativa con participación del magisterio. “Nosotros estamos haciendo una propuesta sólida, responsable, plural y con la participación activa de muchas maestras, de muchos maestros, sobre todo con el respeto a quienes han sido víctimas de la falta de un protocolo”, afirmó.

El decreto contempla la adición del Capítulo V Bis a la Ley de Seguridad Escolar, denominado “Del contenido mínimo de los protocolos de protección al personal docente”, así como la incorporación del artículo 32 Bis, con el fin de establecer lineamientos para prevenir y atender agresiones, acoso o cualquier tipo de violencia contra el personal educativo en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con el nuevo artículo 32 Bis, la Secretaría de Educación y Deporte deberá establecer protocolos de actuación y acompañamiento para prevenir, atender y canalizar hechos que afecten a docentes, incluso cuando provengan de alumnas, alumnos, madres, padres de familia o tutores.

Entre los puntos mínimos que deberán contemplar estos protocolos se encuentran garantizar la seguridad e integridad de niñas, niños, adolescentes y del personal que integra las comunidades escolares; establecer medidas inmediatas y proporcionales ante hechos de violencia, accidentes, agresiones sexuales u otras situaciones de riesgo dentro o fuera del entorno escolar.

También se deberán crear mecanismos de actuación que respeten el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos y laborales del personal educativo ante posibles denuncias infundadas o maliciosas. Asimismo, se garantizará atención legal, psicológica y administrativa tanto a presuntas víctimas como a trabajadores señalados, con enfoque diferenciado y perspectiva de derechos humanos.

En el artículo segundo se adicionan los párrafos quinto y sexto al artículo 14 de la Ley Estatal de Educación, para establecer que corresponde a la autoridad educativa garantizar en todo momento la defensa de la dignidad, el honor, la seguridad y la estabilidad laboral y emocional del personal profesional de la educación, así como brindar asesoría y acompañamiento jurídico y, en su caso, psicológico cuando se vulneren sus derechos, activando los protocolos previstos en la Ley de Seguridad Escolar.

Ciudad Juárez.- La Alianza Ecológica Internacional del Río Bravo Grande realizó hoy una manifestación pacífica en defensa del medio ambiente. La protesta busca visibilizar la preocupación del grupo por la mala calidad del aire en la región fronteriza y el impacto que podría generar la instalación de centros de datos.

Damián López Peña, vocero de la alianza, informó que la protesta se llevó a cabo de manera simultánea al encuentro del Comité Consultivo Conjunto para la Mejora de la Calidad del Aire en Ciudad Juárez, Chihuahua; El Paso, Texas; y el Condado de Doña Ana, Nuevo México, donde también se abordó la problemática y los diagnósticos obtenidos en los últimos meses.

López Peña señaló que la manifestación tiene como objetivo advertir sobre los posibles efectos ambientales que proyectos como la creación de centros de datos en la frontera podrían ocasionar en Ciudad Juárez, El Paso y el Condado de Doña Ana, particularmente en los mantos acuíferos.

Agregó que estos centros de datos, identificados como proyecto Júpiter y proyecto Meta, requerirían millones de litros de agua para el enfriamiento de sus equipos, además de consumir cantidades de energía comparables al uso total de ciudades pequeñas.

También señaló la problemática ambiental relacionada con la emisión de contaminantes provenientes de ladrilleras y de la empresa Grupo Cementos de Chihuahua, por lo que pidieron a las autoridades competentes regular la operación de estos establecimientos.