Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó este 19 de noviembre que algunas caravanas migrantes podrían estar vinculadas a bandas delictivas, con una organización particular en meses recientes. En la mañanera desde Palacio Nacional, señaló que los líderes de estas movilizaciones suelen ser dueños de líneas de autobuses en las que viajan quienes buscan llegar a Estados Unidos.

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“Entonces la organización más que del crimen organizado que no tengo en este momento los datos, lo que sí vemos es un negocio, que evidentemente es un delito, pero que nosotros lo vemos a veces con otro tipo de fachada”, expuso la funcionaria.

Rodríguez subrayó que el gobierno de Claudia Sheinbaum atiende a los migrantes con respeto a los derechos humanos y sin violencia. “México coopera como socio, como vecino de los Estados Unidos y de los países centroamericanos, pero no como una subordinación, sino como un acuerdo en donde hay una responsabilidad compartida”, recordó.

La titular de Segob aseguró que las autoridades están dispuestas a dialogar, especialmente si se detecta tráfico de personas. “México ha detenido y seguirá deteniendo a las personas, que estén en este tipo de delitos. Entonces, el gabinete de seguridad está muy pendiente para que no haya impunidad al respecto”, sostuvo.

Las 24 caravanas migrantes identificadas desde la frontera sur se desintegraron antes de llegar a Estados Unidos; ninguna alcanzó la frontera norte. Rodríguez afirmó el martes 17 de noviembre que esto descarta que la movilización en Chiapas derive en aranceles, como amenazó Donald Trump.

Las caravanas proceden de América Central y entraron por Chiapas. La más reciente, con personas de Honduras y El Salvador, aún tenía 781 personas en Mapastepec. El presidente de EEUU declaró el lunes: “Si no los detienen, vamos a imponer aranceles pesados a México”, y aseguró que los migrantes no podrán ingresar a su país, por lo que el gobierno mexicano debe detenerlas.

Trump no detalló porcentajes, productos afectados, fecha de entrada en vigor ni mecanismo legal para imponer los gravámenes; tampoco existe una orden ejecutiva o decreto formal. La secretaria explicó que el Instituto Nacional de Migración dialoga con los migrantes sobre las condiciones del trayecto; algunos optan por regresar a sus países y otros permanecen en México para trabajar donde se requiere mano de obra.

“Se les analiza la situación con el propósito de facilitar su retorno seguro a su lugar de origen”, expuso Rodríguez.