Chihuahua.- La detención del exfiscal general de Chihuahua, César J.M., no responde a un conflicto político, sino al resultado de dos investigaciones paralelas por los hechos de abril pasado, afirmó este martes el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda.

El funcionario explicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta para revisar el desarrollo del operativo y las posibles irregularidades cometidas durante su ejecución, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) analiza los mismos acontecimientos desde otra perspectiva, con una posible clasificación de los hechos como traición a la patria.

“Hay dos carpetas de investigación derivadas de los hechos o acontecimientos del mes de abril. Una de ellas es una carpeta iniciada desde aquel entonces”, señaló.

De la Peña Grajeda sostuvo que ambas investigaciones llegaron a conclusiones y hallazgos distintos, lo que derivó en los procedimientos judiciales que actualmente se siguen en los ámbitos estatal y federal. Por ello, consideró que reducir el caso a una disputa partidista significa simplificar un asunto relacionado con la seguridad pública, una de las principales preocupaciones de los habitantes de Chihuahua.

“Esto es un asunto eminentemente jurídico, deriva de las conclusiones en dos carpetas de investigación distintas, como dije, una federal, una estatal, y me parece que tratar de trasladarlo al terreno de lo político es sobresimplificar una de las preocupaciones más importantes que tienen los chihuahuenses, que es la seguridad”, afirmó.

El secretario también desestimó las versiones sobre un supuesto acuerdo entre la gobernadora Maru Campos y la presidenta Claudia Sheinbaum para proceder contra el exfiscal, al señalar que esas afirmaciones carecen de fundamento. “No, me parece que no tiene ningún fundamento y creo que es más parte de una especulación”, respondió.

En contraste, manifestó estar de acuerdo con los posicionamientos del alcalde con licencia de Chihuahua, Marco Bonilla, aspirante del PAN a la gubernatura, y de la dirigente estatal de ese partido, Daniela Álvarez, quienes han acusado al gobierno federal de pretender politizar el caso.

De la Peña Grajeda aclaró que la calificación de los hechos y la determinación sobre la acusación por traición a la patria corresponden a las autoridades jurisdiccionales. “Como abogado, creemos que esta acusación que tiene que ver con traicionar a la patria es un poco fuera de lugar, pero eso lo tendrá que dirimir o lo tendrá que determinar un juez. Eso escapa de la competencia de todos los demás”, expresó.

Asimismo, precisó que la traición a la patria es un delito del orden federal, por lo que no corresponde a una autoridad estatal investigar ese ilícito. Puntualizó que la indagatoria local se concentra en el procedimiento del operativo y las posibles faltas cometidas durante su desarrollo, mientras que la FGR aborda los hechos desde una perspectiva distinta.

El funcionario manifestó su respeto personal hacia César J.M., a quien reconoció como amigo y excompañero de gabinete, y llamó a evitar especulaciones y teorías de conspiración mientras se desahogan los procedimientos. “Lo que nos hace falta es una cultura de la legalidad, hay que irnos al proceso legal y no especular de manera política”, sostuvo.

Finalmente, pidió que se respeten los derechos humanos de las personas involucradas y el debido proceso, y que tanto las autoridades judiciales estatales como las federales resuelvan conforme a derecho y con profesionalismo.