Chihuahua.- La parálisis facial que afectó a Marco Bonilla, presidente municipal con licencia de Chihuahua, no guarda relación con amenazas ni riesgos para su seguridad personal. Así lo afirmó Gilberto Loya Chávez, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien subrayó que se trata de un padecimiento estrictamente médico.

El funcionario explicó que conversó directamente con Bonilla para conocer las circunstancias en las que apareció el problema. Según Loya Chávez, el propio edil mencionó factores como los cambios de clima y las intensas jornadas de trabajo, aunque evitó dar más detalles sobre el origen del padecimiento.

"Me queda clarísimo que es un tema completamente de salud. No tiene absolutamente nada que ver con ningún tipo de amenaza ni riesgo a su seguridad personal", sostuvo el encargado de despacho.

Loya Chávez también se refirió a los protocolos de protección para quienes participarán como candidatos en el próximo proceso electoral. Aclaró que la Fiscalía trabaja en coordinación con el Instituto Estatal Electoral (IEE) y que estas medidas no implican automáticamente la asignación de escoltas.

Para activar cualquier esquema de seguridad, primero debe existir una solicitud formal de los partidos políticos ante la autoridad electoral. A partir de ahí, se realiza una evaluación especializada para determinar el nivel de riesgo de cada aspirante.

"Hay una serie de parámetros que se miden por parte de la gente experta para poder medir el nivel de riesgo y, en función de eso, la medida cautelar que tenga que ser", explicó.

Las medidas pueden ir desde la incorporación a mecanismos de comunicación y respuesta inmediata hasta la asignación de protección policial cuando se identifique un riesgo elevado. En esos casos, las corporaciones de seguridad estatales deben brindar el resguardo correspondiente.

Finalmente, Loya Chávez aclaró que la atención de solicitudes para candidaturas locales corresponde a las autoridades estatales, mientras que para aspirantes a cargos federales la responsabilidad recae en el Gobierno Federal.