Tijuana.– Lo que el grupo denominado "Patrulla Espiritual" exhibió en redes sociales como un acto de "rescate", ha derivado en una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baj California. Los integrantes de la organización, junto con empleados de un negocio local, enfrentan cargos por privación ilegal de la libertad en contra de una mujer transgénero.

La denuncia, asentada bajo el número de caso NUC 04/2026/14466, fue presentada el pasado 9 de mayo tras la viralización de videos grabados por el propio líder del grupo, conocido como “Chikilín”. En el material, se documenta el momento en que la víctima es abordada y obligada a subir a una camioneta en contra de su voluntad.

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De acuerdo con los reportes y el análisis de los colectivos, la detención forzada estuvo cargada de actos discriminatorios. A pesar de que la víctima se identificó plenamente como mujer, los captores la llamaron constantemente por pronombres masculinos y desestimaron sus súplicas para ser liberada y regresar a su hogar.

Para concretar el traslado forzoso, el líder del grupo solicitó el apoyo de empleados de una llantera denominada "Jaramillo", quienes colaboraron para someter a la mujer. Según se escucha en las grabaciones, se le advirtió que permanecería encerrada entre 3 y 6 meses como parte de su "proceso".

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La Asamblea Nacional Trans No Binaria calificó estos actos como un intento de ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género), conducta tipificada como delito en el Código Penal de Baja California.

“La víctima fue sometida a actos de violencia y humillación dirigidos específicamente contra su identidad... Estos actos representan un claro intento de terapia de conversión mediante el uso de violencia física y moral”, denunció el organismo.

Este grupo está vinculado al Centro de Rehabilitación Jireh, una institución que ya ha estado bajo el ojo público por diversas irregularidades, como reportes de internos asesinados dentro de sus instalaciones, señalamientos por funcionar con permisos fuera de la norma y el uso de redes sociales para exhibir "levantones" que, según activistas, vulneran la dignidad humana y disfrazan terapias de conversión bajo el lema de rehabilitación.

Colectivos de la comunidad LGBT+ han solicitado la intervención inmediata de la Subdirección de Diversidad e Inclusión del Ayuntamiento de Tijuana. Advierten que este no es un caso aislado y que las redes sociales del grupo sirven como catálogo de evidencias de múltiples violaciones a los derechos humanos que quedan impunes bajo el pretexto de la lucha contra las adicciones.