Ciudad Juárez.– Integrantes de la agrupación Centro de Justicia Social interpusieron una denuncia por presunto peculado contra seis servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad en Ciudad Juárez, tras señalar supuestos casos de cobros irregulares en el servicio de energía eléctrica.

El abogado Martín Aguilar, representante de personas afectadas por presuntos cobros indebidos, informó que la denuncia fue presentada durante mayo y que además se notificó del caso a la Presidencia de la República.

“El 7 de mayo se presentó una denuncia formal en contra de funcionarios de la CFE por los altos cobros y las medidas que se estaban aplicando”, declaró Aguilar.

De acuerdo con el abogado, el esquema denunciado consiste en promociones difundidas en redes sociales mediante publicaciones con logotipos de la Comisión Federal de Electricidad o por personas que se presentan como trabajadores de la empresa y ofrecen reducir los cobros de electricidad.

Según explicó, posteriormente colocan “diablitos” en los medidores de los domicilios y después inspectores detectan las irregularidades, lo que deriva en sanciones y multas para los usuarios.

“En una de las entrevistas que tuvimos con el superintendente, el director comercial y uno de los encargados de Atención Ciudadana, aceptó de manera pública y entregó en ese momento el dinero que se había quedado durante un año en su poder por un trámite para generar un contrato de servicio”, señaló el litigante.

Entre los funcionarios señalados en la denuncia se encuentran Adrián Carrillo Nieblas, identificado como superintendente de la Zona Norte de la CFE; Antonio Amaya, director comercial; y Harold Polanco, director de Atención Ciudadana.

Aguilar agregó que el 11 de mayo integrantes de la agrupación acudieron a la Presidencia de la República para entregar un escrito dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de exponer las presuntas irregularidades.

Indicó que el documento fue recibido por personal de la oficina presidencial y que mantienen comunicación con Sara Padilla, identificada como abogada de la Comisión Federal de Electricidad, para dar seguimiento a las investigaciones.