Da inicio audiencia contra regidor panista

Ciudad Juárez.- Dependencias del Gobierno Municipal realizaron un operativo para retirar un establecimiento que operaba de manera irregular en un espacio público, como parte de las acciones del programa permanente de reordenamiento urbano.

El director de la Dirección de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que el sitio funcionaba como tarimera, además de dedicarse a la venta de frutas y verduras y a la crianza de algunos animales, actividades que se realizaban sin los permisos correspondientes.

Durante la intervención se detectó la invasión del derecho de vía y la acumulación de residuos de madera y material industrial en un área superior a los 2 mil metros cuadrados, lo que generaba problemas de contaminación y riesgos para la seguridad.

El funcionario explicó que el negocio había sido notificado en tres ocasiones —en octubre de 2025 y en febrero de este año— para que regularizara su situación; sin embargo, los responsables no atendieron las indicaciones de las autoridades.

Además, se identificaron desechos provenientes de al menos seis empresas maquiladoras, por lo que en los próximos días se buscará el acercamiento con estas compañías para implementar un programa de limpieza en la zona.

El encargado del área de Inspección y Vigilancia, Francisco García, indicó que se aplicó una sanción equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) por incumplir con las recomendaciones y generar contaminación con el almacenamiento del material.

Por su parte, personal de la Dirección General de Protección Civil detectó que el lugar carecía de extintores, señalización y detectores de humo, además de presentar cableado eléctrico expuesto, lo que representaba un riesgo de incendio.

Durante el operativo también participó la Coordinación General de Seguridad Vial, cuyos elementos retiraron un vehículo abandonado que fue trasladado al corralón. En las acciones colaboraron igualmente la Dirección de Regulación Comercial y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El Paso.- La Diócesis Católica de El Paso presentó una solicitud de protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, argumentando una creciente presión financiera derivada de litigios por presuntos abusos sexuales cometidos por miembros del clero.

De acuerdo con documentos judiciales presentados por el director financiero Gregory J. Watters, la medida busca permitir la reorganización de las finanzas de la diócesis mientras continúan operando sus programas religiosos, educativos y de asistencia social.

Actualmente la institución enfrenta 18 demandas agrupadas en 12 procesos judiciales en Nuevo México, relacionados con denuncias de abuso sexual infantil presuntamente ocurridos entre 1956 y 1982. Las autoridades eclesiásticas advirtieron que los costos legales y posibles acuerdos podrían ascender a decenas de millones de dólares.

Funcionarios de la Iglesia señalaron que el proceso de bancarrota permitirá establecer un mecanismo ordenado para atender las reclamaciones de las víctimas, evitando que solo los primeros demandantes reciban compensación mientras otros queden sin acceso a recursos.

Como parte del proceso, la diócesis propondrá un plazo de 120 días para que posibles víctimas presenten reclamaciones relacionadas con abusos cometidos por sacerdotes, empleados o voluntarios.

El obispo de la diócesis, Mark J. Seitz, ofreció disculpas públicas a los sobrevivientes y afirmó que la Iglesia busca avanzar hacia un proceso de reconciliación y garantizar entornos seguros para las comunidades católicas.

Según los registros financieros, para el año fiscal que concluyó el 30 de junio de 2025 la diócesis reportó gastos por 15.36 millones de dólares frente a ingresos por 14.96 millones, lo que generó un déficit cercano a 401 mil dólares.

La institución religiosa también solicitó autorización judicial para continuar pagando salarios, seguros, servicios básicos y otros gastos esenciales durante el proceso de reorganización, con el fin de evitar afectaciones en sus actividades pastorales y programas comunitarios en la región fronteriza.

Morelos.- Un juez de control dictó este viernes auto de vinculación a proceso en contra de Jared Alejandro “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada en perjuicio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán. 

Durante la comparecencia, la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por el fiscal Fernando Blumenkron Escobar, presentó los datos de prueba que acreditan la probable participación del imputado en los hechos ocurridos a finales de febrero. El juzgador determinó que existen elementos suficientes para continuar con el proceso legal, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva y fijando un plazo para el cierre de la investigación complementaria. 

Kimberly Joselin, estudiante de 18 años de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la UAEM, fue vista por última vez el 20 de febrero cuando se dirigía a su centro de estudios.

Tras días de búsqueda y protestas estudiantiles, la Fiscalía confirmó el 3 de marzo el hallazgo del cuerpo de la joven en una zona boscosa de Chamilpa, Cuernavaca.

Jared Alejandro “N”, quien era compañero y presunta pareja sentimental de la víctima, fue detenido el 1 de marzo luego de un cateo en su domicilio donde se localizaron pertenencias de la joven. 

El fiscal general aseguró que con esta vinculación se busca dar respuesta a la familia y evitar que el crimen quede impune. "Dimos un paso importante para que Kimberly Joselin tenga justicia", señaló en un mensaje a medios. 

Aunque actualmente el proceso formal es por desaparición agravada, algunos reportes indican que la investigación también se integra bajo el protocolo de feminicidio tras la localización de la víctima. 

#FiscaliaMorelosInforma📄FERNANDO BLUMENKRON INFORMA VINCULACIÓN A PROCESO DE JARED ALEJANDRO “N” POR DESAPARICIÓN DE KIMBERLY

• El Fiscal General señaló que se está respondiendo con hechos a la familia de Kimberly, para que el delito no quede impune

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— FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) March 6, 2026