Ciudad de México.– La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó sobre la aplicación de medidas preventivas de inmovilización de cuentas bancarias a Personas Políticamente Expuestas (PEP) de Sinaloa, tras investigaciones y señalamientos emitidos por autoridades de Estados Unidos relacionados con presuntos vínculos con el crimen organizado.
La dependencia explicó que las adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) se realizaron con carácter preventivo y derivadas de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
De acuerdo con Hacienda, los bancos activaron mecanismos de monitoreo debido a las relaciones de corresponsalía que mantienen con entidades financieras estadounidenses, las cuales emitieron alertas tras las acusaciones dadas a conocer en Estados Unidos.
“La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”, señaló la dependencia.
Aunque el comunicado oficial no menciona nombres, fuentes del sector financiero confirmaron que el Gobierno Federal solicitó información detallada sobre cuentas, contratos, saldos e identificaciones relacionadas con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y miembros de su familia.
Las investigaciones financieras incluyen a:
- Rubén Rocha Moya.
- José de Jesús Rocha Ruiz.
- Rubén Rocha Ruiz.
- Ricardo Rocha Ruiz.
- Eneyda Rocha Ruiz.
Pese a las solicitudes de información y medidas preventivas, se informó que Rocha Moya y sus familiares aún pueden operar sus cuentas mientras continúan las indagatorias iniciales.
El cerco financiero ocurre semanas después de que la Fiscalía de Nueva York presentara acusaciones formales por narcotráfico contra Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa.
Según las investigaciones estadounidenses, funcionarios estatales habrían colaborado presuntamente con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, situación que detonó alertas de lavado de dinero y acciones de cooperación financiera entre ambos países.