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Chihuahua.– La presidenta magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval, afirmó que cualquier denuncia que se presente contra personal del Poder Judicial por presuntos casos de violencia de género será atendida por las instancias correspondientes.

Lo anterior, luego de que durante la marcha del Día Internacional de la Mujer se escribieran en espacios públicos los nombres de algunos trabajadores del tribunal, señalados por presuntas conductas de violencia.

Herrera Sandoval señaló que, en caso de existir denuncias formales, estas deberán ser revisadas por el Tribunal de Disciplina Judicial, órgano encargado de investigar posibles faltas cometidas por integrantes del Poder Judicial.

“Si existen denuncias, el Tribunal de Disciplina Judicial será quien tenga que atender todas las denuncias que tengan que ver con una situación de violencia de género dentro del Poder Judicial”, expresó.

Añadió que también podría intervenir la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género en caso de que se presenten denuncias penales.

La magistrada indicó que el Poder Judicial dará seguimiento a cualquier señalamiento que se formalice por las vías legales correspondientes.

Chihuahua.– La presidenta magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval, afirmó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que confirmó los haberes de retiro para juzgadores que dejaron el cargo tras la reforma judicial representa un reconocimiento a quienes se desempeñaron durante años en el Poder Judicial.

La magistrada explicó que el retiro anticipado fue un beneficio otorgado a las personas que tuvieron que separarse de sus funciones a partir de la reforma constitucional al Poder Judicial y de las elecciones judiciales de 2025.

“Creo que este ha sido un gran reconocimiento que la Corte hace ante las elecciones y la reforma constitucional del Poder Judicial”, expresó.

Indicó que desde el primero de septiembre quienes se retiraron comenzaron a recibir de manera ordinaria sus haberes, por lo que la determinación del máximo tribunal únicamente confirmó la continuidad de ese derecho.

“Las personas a partir del primero de septiembre ya estaban recibiendo. Únicamente se requería la confirmación de la Corte para que efectivamente pudieran seguir continuando con este beneficio”, señaló.

El retiro anticipado para jueces y magistrados fue aprobado previamente por el Congreso del Estado de Chihuahua mediante reformas a la legislación del Poder Judicial, con el fin de permitir que quienes decidieran no participar en el nuevo esquema de elección de juzgadores pudieran separarse del cargo con beneficios de retiro.

A nivel federal, el proceso derivado de la reforma judicial también ha implicado ajustes administrativos y presupuestales en el Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura Federal y el Órgano de Administración Judicial han señalado que la salida anticipada de juzgadores generó obligaciones financieras relacionadas con pensiones, indemnizaciones y haberes de retiro para quienes dejaron sus cargos antes de la renovación derivada de la reforma.

En ese contexto, la resolución de la Suprema Corte brinda certeza jurídica para que los exintegrantes del Poder Judicial continúen recibiendo los pagos correspondientes a su retiro.

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió su nueva estrategia para modificar el sistema electoral y afirmó que uno de los objetivos centrales de su gobierno es eliminar los privilegios de los funcionarios públicos.

La propuesta, conocida como “Plan B”, se encuentra en elaboración dentro de la Secretaría de Gobernación (Segob) y se prevé que sea enviada al Congreso de la Unión durante la próxima semana para su análisis.

Entre los cambios planteados se contempla establecer límites al presupuesto de los congresos locales con el propósito de reducir las diferencias de gasto entre las entidades federativas. La iniciativa también propone disminuir la cantidad de regidores en los ayuntamientos e impulsar consultas populares relacionadas con temas electorales.

La propuesta incluye además la posibilidad de aplicar la revocación de mandato en el tercer o cuarto año de gobierno. Asimismo, plantea mantener una política de austeridad dentro del sistema electoral, con la finalidad de generar ahorros estimados en alrededor de cuatro mil millones de pesos al año, recursos que podrían destinarse a obras públicas y servicios.

Durante una declaración realizada el martes, la mandataria criticó los altos salarios de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), así como los presupuestos que reciben algunos poderes y gobiernos estatales.

“No estamos de acuerdo con los grandes salarios de los consejeros del INE, y que congresos estatales, gobernadores, tengan presupuestos tan desproporcionados, o que el Senado tenga un presupuesto tan alto cuando hay tantas necesidades en el país”, expresó.

Especialistas consultados por Expansión Política señalaron que el llamado “Plan B” podría generar controversias jurídicas, al considerar que algunas de sus propuestas podrían invadir el pacto federal, contravenir disposiciones constitucionales sobre consultas populares o afectar la soberanía de los estados.

Pese a esas críticas, Sheinbaum reiteró su respaldo a la iniciativa, la cual fue elaborada después de que su primera propuesta de reforma electoral fuera rechazada en la Cámara de Diputados al no reunir los votos necesarios para su aprobación.

En ese contexto, la presidenta insistió en que su administración mantendrá el impulso de medidas orientadas a la austeridad gubernamental.

“Vamos a seguir trabajando para acabar con los privilegios y, esencialmente, seguir el principio juarista de la austeridad republicana, de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, afirmó durante su conferencia matutina realizada en Colima.

La primera iniciativa de reforma electoral impulsada por el partido gobernante, Morena, fue frenada debido a que no consiguió el respaldo suficiente en el Congreso, luego de que sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no respaldaran la propuesta.

Incluso existe la posibilidad de que esas fuerzas políticas tampoco acompañen el nuevo “Plan B”.

Tanto la presidenta Sheinbaum como su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, han enfrentado dificultades para concretar una reforma electoral, a pesar de que su movimiento político ha logrado impulsar otras modificaciones constitucionales.