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Ciudad de México.- Autoridades federales acusan que durante la administración del alcalde morenista Diego Rivera, en el municipio de Tequila, Jalisco, se habría implementado un esquema sistemático de extorsión contra empresas tequileras, gasolineras y comercios locales, con cobros que alcanzaban entre 6 y 7 millones de pesos mensuales.

Según consta en la orden de aprehensión girada en su contra dentro de la causa penal 39/2026, el edil presuntamente utilizaba a la Policía Municipal y a un grupo de personas extranjeras —principalmente de origen colombiano— para intimidar, someter y exigir pagos ilegales a empresarios y comerciantes.

El expediente judicial señala que no solo las grandes industrias eran blanco de estos cobros. Comerciantes del primer cuadro de la ciudad debían pagar cuotas semanales que oscilaban entre 500 y mil 500 pesos, dependiendo del giro. En el caso de vendedores de artesanías, se les exigían hasta 50 mil pesos para evitar la clausura de sus negocios, además de una “renta” mensual de 20 mil pesos. Las vinaterías, por su parte, enfrentaban exigencias de hasta 150 mil pesos para continuar operando.

Ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la regidora Luz Elena Aguirre Sandoval declaró el 3 de octubre que el Ayuntamiento encabezado por Rivera utilizaba multas arbitrarias y cierres de negocios como método de presión para forzar los pagos. Aseguró que quienes se negaban eran amenazados con supuestos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), e incluso recibían visitas de hombres armados. La edil afirmó que ella misma fue víctima de intimidaciones y clausuras por oponerse a estas prácticas.

Otra regidora, identificada con las iniciales ARC, sostuvo ante la SSPC que el dinero recaudado mediante las extorsiones a grandes casas tequileras era repartido entre funcionarios municipales y el CJNG, permitiendo al grupo criminal operar con impunidad mientras el alcalde y su equipo se enriquecían. En su testimonio mencionó afectaciones directas a empresas como José Cuervo y La Cofradía.

La misma regidora relató que empresarios del sector, como los propietarios de las fábricas Lieros y La Rienda, así como el dueño de La Cofradía, Carlos Hernández, fueron víctimas de presiones económicas millonarias que derivaron incluso en el cierre temporal de plantas. También señaló que una gasolinera del municipio habría sido obligada a pagar cerca de 7 millones de pesos para evitar mayores pérdidas.

La investigación federal apunta a que varios integrantes del gabinete municipal fungían como operadores clave del esquema, entre ellos el secretario de Seguridad Pública, Juan Manuel Pérez Sosa; el jefe de Gabinete, Diego López Ibarra; y Francisco Javier Rivera Gutiérrez, alias “El Faraón”, responsable del Padrón de Licencias.

La regidora Evelin Sarahí Castañeda Chávez declaró que el alcalde contaba con una estructura dedicada al cobro de piso, extorsiones y privaciones ilegales de la libertad, donde el jefe de Gabinete coordinaba la logística y el secretario de Seguridad ejecutaba las órdenes. Sobre Rivera Gutiérrez, señaló que facilitaba clausuras y suspensiones, además de mantener a familiares en la nómina municipal para operar los cobros en mercados y comercios.

Otro testimonio recogido por la SSPC indica que el jefe de la Policía Municipal era el enlace directo con el CJNG y que dentro de la presidencia municipal operaban personas extranjeras y foráneas vinculadas presuntamente al cártel. La regidora denunciante aseguró que Diego Rivera portaba armas incluso antes de asumir la alcaldía y que tenía antecedentes de colaboración con la organización criminal.

La Fiscalía General de la República (FGR) estableció que Juan Manuel Pérez Sosa, considerado como jefe del brazo armado del alcalde, mantenía una relación directa con Severo Flores Mendoza, alias “El Rey Mago”, ex jefe policiaco de Ameca, señalado en 2022 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como colaborador del CJNG.

Además, la indagatoria identifica al tesorero municipal, Julio César Limón Trigueros, como el encargado de recibir y administrar el efectivo producto de las extorsiones y secuestros, así como de manipular montos y facturación del Ayuntamiento. En la red también son señalados Raquel Núñez Bugarín, esposa del alcalde, y un escolta identificado como “El Jona”, quien presuntamente se encargaba del traslado de dinero y asuntos personales del edil.

Ciudad Juárez.- La Dirección de Ecología, a través de su titular César Díaz, informó que actualmente se está dando seguimiento al proyecto relacionado con el centro de trituración de llantas que operará en el relleno sanitario, dijo que se pretende verificar la etapa en la que se encuentra y los avances logrados hasta el momento.

En reciente entrevista el funcionario dijo que en dicho centro ya se ha venido trabajando de manera coordinada con la dirección de Obras Públicas, a partir de un proyecto elaborado por la propia dirección de Ecología, asimismo, señaló que la empresa encargada de iniciar el proceso de trituración ya comenzó con el acomodo de algunas llantas en el área.

Díaz explicó que se ha mantenido una comunicación constante con las partes involucradas y que se instaló una mesa de trabajo en la que participan Protección Civil, la Secretaría del Ayuntamiento, Proyectos Especiales y la Dirección de Ecología, indicó que en breve se realizará una visita al sitio para evaluar el avance actual y definir cuándo podría comenzar formalmente la operación.

"De continuar todo conforme a lo planeado, se estima que el arranque podría darse en un par de meses", dijo.

Finalmente, informó que actualmente el centro de acopio cuenta con más de 3.5 millones de llantas, lo que representa material suficiente para trabajar.

Con el inicio del proceso, en un periodo estimado de 8 a 10 meses se podría lograr la trituración de más del 70 por ciento de las llantas acumuladas.

Los Arrecifes.- La operación del gasoducto submarino Puerta al Sureste en costas de Veracruz ha generado preocupación entre algunos pescadores y comunidades costeras que temen posibles afectaciones a la actividad pesquera y al medio ambiente, particularmente en la zona conocida como Los Arrecifes, donde la pesca representa el principal sustento económico.

Pescadores de la región han señalado que durante la construcción del ducto percibieron detonaciones submarinas y un incremento en la actividad industrial, lo que, aseguran, alteró las condiciones del mar. Actualmente, manifiestan inquietud ante un eventual riesgo de fugas de gas natural.

El proyecto Puerta al Sureste fue desarrollado para transportar gas natural desde Estados Unidos hacia el sureste mexicano y forma parte de la estrategia nacional para fortalecer la infraestructura energética, abastecer de electricidad a proyectos estratégicos como la refinería de Dos Bocas y garantizar el suministro en la península de Yucatán.

No obstante, TC Energy, empresa responsable del gasoducto, hizo contacto con Netnoticias y precisó que la información difundida por una agencia omitió su postura, aclarando que el proyecto cuenta con todos los permisos y evaluaciones requeridas por la ley. La compañía explicó que el gasoducto tiene un área de influencia de 2.5 kilómetros, conforme a la normativa de la Secretaría de Energía (SENER), mientras que la comunidad de Los Arrecifes y otras comunidades demandantes se localizan aproximadamente a 20 kilómetros de dicha zona.

De acuerdo con la empresa, la Secretaría de Energía llevó a cabo los procesos de consulta indígena y las evaluaciones de impacto social correspondientes, sin identificar comunidades indígenas susceptibles de afectación dentro del área de influencia regulada del proyecto.

TC Energy subrayó que Puerta al Sureste cumple plenamente con todos los requisitos ambientales y regulatorios aplicables, y que la infraestructura es monitoreada de manera continua para garantizar una operación segura y confiable, minimizando riesgos para el entorno marino y las actividades productivas.

La compañía destacó además que este gasoducto permite llevar gas natural por primera vez a la región, lo que apoya los Polos de Desarrollo impulsados por el Gobierno Federal y contribuye a ofrecer una fuente de energía más limpia y confiable para la población y la industria.

En ese sentido, TC Energy afirmó que el proyecto representa un beneficio para millones de mexicanos del sureste, al fortalecer la seguridad energética, promover el desarrollo económico regional y reducir el uso de combustibles más contaminantes.

Pese a estas aclaraciones, representantes comunitarios y organizaciones ambientalistas mantienen recursos legales y solicitudes de revisión, mientras autoridades y empresas continúan defendiendo la viabilidad técnica, legal y ambiental de los proyectos energéticos estratégicos en el país.