En Chihuahua, la capacitación de intérpretes y traductores de lenguas originarias se ha convertido en una política pública clave para garantizar el acceso a derechos de las comunidades indígenas. La iniciativa, impulsada por el Departamento de Culturas Étnicas y Diversidad de la Secretaría de Cultura, busca fortalecer la formación de intérpretes en rarámuri, odami y otras lenguas, tanto para el Poder Judicial como para otras dependencias públicas.
Edgar Adrián Moreno Pineda, jefe del departamento, explicó que el programa, desarrollado entre 2021 y 2026, no se limita al ámbito judicial. "No es exclusivamente del Poder Judicial. Son quienes más asisten, pero también participan personas que trabajan en el Congreso del Estado, en la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas y en otras instituciones", señaló.
Una realidad lingüística diversa
La labor responde a una realidad que suele pasar inadvertida: la diversidad lingüística de Chihuahua no se limita a los pueblos originarios de la entidad. En ciudades como Chihuahua y Ciudad Juárez conviven hablantes de mazahua, chinanteco, náhuatl y otras lenguas llegadas con los procesos migratorios internos del país. Atender esa pluralidad implica formar intérpretes capaces de mediar no solo entre idiomas, sino también entre distintos universos culturales.
Para ello, la dependencia ha establecido vínculos con la Red de Intérpretes y Traductores del Estado de Oaxaca, cuya experiencia ha servido como referencia para desarrollar metodologías de formación orientadas a los ámbitos judicial y médico.
Más allá de una acreditación
Moreno Pineda considera que la capacitación no puede reducirse a una acreditación formal. "No es que se les entregue un papel de que eres intérprete y traductor; se trata de que continúen en formación con metodologías especializadas", afirmó.
La reflexión cobró especial relevancia tras el caso de un niño hablante de odami que no contó con un intérprete durante su atención en un hospital de la entidad. Para el funcionario, ese episodio evidenció una carencia institucional, pero también la necesidad de comprender que la interpretación es un proceso profesional que requiere actualización permanente y coordinación entre dependencias.
Más que traducir palabras, los intérpretes hacen posible el ejercicio de derechos culturales. Permiten que una persona explique un padecimiento médico, participe en un proceso judicial o dialogue con una institución sin renunciar a la lengua en la que aprendió a nombrar su territorio, su memoria y su comunidad.
En ese sentido, la política lingüística deja de ser únicamente un programa cultural para convertirse en una forma de preservar uno de los patrimonios más frágiles: las lenguas vivas. Cada intérprete formado representa un puente entre el conocimiento comunitario y las estructuras del Estado, pero también una estrategia para evitar que la diversidad lingüística quede confinada al ámbito doméstico o ceremonial.
La lengua, entendida como herencia cultural, no sobrevive únicamente porque existan hablantes. También requiere espacios donde pueda ejercerse con dignidad. Ahí radica el desafío que hoy enfrenta Chihuahua: transformar la interpretación en una práctica cotidiana de las instituciones y reconocer que la pluralidad lingüística no constituye una excepción, sino una de las expresiones más profundas de la riqueza cultural del estado.