Ciudad de México.- El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, intenta tumbar la vinculación a proceso por traición a la patria que le impusieron en octubre pasado, relacionada con la intervención encubierta de agentes de la CIA en un operativo antidrogas en la sierra de la entidad.

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El Primer Tribunal Colegiado de Apelación admitió el recurso del panista y programó para el 20 de enero de 2027 la audiencia donde definirá si confirma o revoca la decisión del juez de control Ricardo Alfonso Santos Dorantes, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El tribunal resolvió: “Con apoyo en el precepto 470 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicado contrario sensu, se admite el recurso de apelación interpuesto”.

La diligencia se hará por videoconferencia y los involucrados deberán conectarse 15 minutos antes para las pruebas de audio y video, según informó el órgano jurisdiccional.

Jáuregui Moreno permanece en el penal de máxima seguridad del Altiplano, luego de ser procesado y recibir prisión preventiva oficiosa por el delito de traición a la patria.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo coordinaron y permitieron la ejecución del operativo en la comunidad del Pinal, en la sierra de Chihuahua, con la intervención de cuatro personas extranjeras, sin competencia y en contravención a los lineamientos de seguridad nacional. Además, ocultaron a la nación la presencia y participación de las cuatro agentes de la CIA.

La FGR señaló en la orden de aprehensión:

“Se considera la existencia de un riesgo fundado para la comunidad toda vez que la conducta imputada a CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO y GUILLERMO ARTURO ZUANY PORTILLO dentro del expediente FED/FEILC/FEILC-CHIH/0000051/2026 atenta de manera directa contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad, la transparencia en el ejercicio del servicio público y la paz social en el Estado de Chihuahua. La necesidad de cautela radica en las graves omisiones de supervisión vinculadas a una acción operativa de desmantelamiento de un narcolaboratorio, donde se encubre la presencia clandestina y posterior fallecimiento de dos ciudadanos de nacionalidad estadounidense a bordo de una unidad oficial de la Fiscalía Estatal, la cual era tripulada por agentes de la Policía Ministerial. Se configura un riesgo latente relacionado con la impunidad y la operatividad de los mercados criminales de alto impacto. El ocultamiento por parte de altos mandos de la intromisión ilegal o no autorizada de agentes extranjeros en operaciones tácticas de combate al narcotráfico presupone una transgresión institucional que favorece la desorganización de la seguridad colectiva”.