Ciudad Juárez.– A un año del hallazgo de cientos de cuerpos en el crematorio Plenitud, la Fiscalía General del Estado informó que la investigación continúa abierta, con avances tanto en el ámbito penal como en la atención a víctimas, así como nuevas acciones judiciales contra los presuntos responsables y funerarias involucradas.
El agente del Ministerio Público, Ezequiel Montoya, detalló que la indagatoria derivó inicialmente en procesos penales contra José Luis A.C. y Facundo Teófilo M.R., acusados por delitos relacionados con el manejo indebido de cadáveres y violaciones a la Ley General de Salud.
Ambos fueron detenidos y vinculados a proceso bajo prisión preventiva; sin embargo, el caso de Facundo concluyó tras su fallecimiento en noviembre de 2025.
En el caso de José Luis A.C., la Fiscalía informó que el imputado fue acusado formalmente en enero de este año. Aunque un juez federal le concedió un amparo que dejó sin efecto la vinculación a proceso, dicha resolución fue impugnada y posteriormente revocada por un tribunal colegiado, que ordenó restablecer el procedimiento penal.
No obstante, el acusado no acudió a una audiencia para ser notificado de la resolución, por lo que fue declarado sustraído de la acción de la justicia y se emitió una orden de reaprehensión, además de iniciar el proceso para solicitar ficha roja internacional, al existir indicios de que podría encontrarse en Estados Unidos.
Paralelamente, la investigación se amplió hacia funerarias que habrían contratado los servicios del crematorio. Hasta el momento se han presentado 157 querellas por fraude, derivadas de familias que descubrieron que los cuerpos de sus seres queridos permanecían entre los restos localizados en el inmueble.
De esos casos, 74 han sido judicializados, mientras continúan las indagatorias contra distintas empresas funerarias.
Como parte del acompañamiento, la Fiscalía mantiene atención jurídica, psicológica y asistencial para las víctimas indirectas durante el proceso de identificación y entrega de restos.
El caso ha tenido una amplia respuesta social: más de 1,600 personas acudieron a la Fiscalía para solicitar información o aportar datos sobre posibles familiares entre los cuerpos encontrados.
Debido a la falta de identificación de los restos, se conformó un equipo multidisciplinario para las labores forenses y de atención a víctimas.
Las investigaciones también incluyeron el aseguramiento del predio donde operaba el crematorio, así como cateos y prospecciones en inmuebles relacionados con los imputados.
Posteriormente, se detectaron irregularidades en la operación de la funeraria Del Carmen, donde se han realizado ocho cateos y localizado cuerpos e indicios relevantes para los procesos penales.
Derivado de esta línea, actualmente existen seis causas penales abiertas y tres personas detenidas: Nancy A.A., Roberto A.A. y Miguel Ángel O., quienes permanecen en prisión preventiva y enfrentan acusaciones ya formalizadas.
A un año del hallazgo, la Fiscalía reporta 157 denuncias por fraude, 74 casos judicializados, múltiples cateos, cinco detenidos en distintas etapas del proceso y varias causas penales activas, mientras continúan las labores de identificación de víctimas y la búsqueda de responsables.