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El Paso.- Durante un operativo intensivo de seguridad vial realizado entre el 1 de enero y el 15 de febrero, el Departamento de Policía de El Paso (EPPD) emitió un total de 11 mil 378 infracciones como parte de un esfuerzo por mejorar la seguridad en las calles.

El despliegue, que tuvo una duración de 45 días, se enfocó en detectar y sancionar conductas de riesgo al volante, así como en promover el cumplimiento de las normas de tránsito.

De acuerdo con el reporte oficial, 6 mil 301 de las multas correspondieron a infracciones peligrosas, es decir, violaciones en movimiento que representan un riesgo directo para otros conductores y peatones, como el exceso de velocidad, pasarse semáforos en rojo y manejar de forma imprudente.

Por otro lado, se registraron 5 mil 004 infracciones no peligrosas, relacionadas principalmente con aspectos administrativos o fallas en los vehículos, como licencias vencidas, registros expirados o problemas mecánicos.

Además, los oficiales realizaron 3 mil 357 detenciones preventivas que concluyeron en advertencias, priorizando la educación vial sin imponer sanciones económicas. En cuanto a faltas más graves, se documentaron 73 infracciones de Clase C, consideradas delitos menores bajo la legislación de tránsito en Texas.

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos buscan no solo sancionar, sino también generar conciencia entre los conductores sobre la importancia de respetar las leyes de tránsito.

El EPPD reiteró el llamado a la ciudadanía a conducir con responsabilidad y cumplir con las normas, con el objetivo de reducir accidentes y proteger la seguridad de toda la comunidad.

Ciudad Juárez.- La Policía Municipal arrestó a Francisco Javier E. L. por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud, así mismo, será investigado por el delito de robo con violencia a casa comercial.

Agentes que patrullaban en el fraccionamiento Portal del Roble, se percataron de un sujeto cometiendo una falta administrativa, en el cruce de las calles Portal del Cedro y Manuel Pasos Cano.

Al abordarlo, se le realizó una inspección preventiva por protocolos de seguridad, localizándole entre sus pertenencias un envoltorio transparente con aproximadamente 47 gramos de marihuana y una pistola tipo revólver que resultó ser de postas, procediendo con su detención.

El detenido será investigado por el delito de robo a casa comercial con violencia, luego de que reúne las características de una persona que aparece en videos de vigilancia de una tienda de conveniencia que se ubica por el mismo sector, utilizando en el asalto un arma similar a la incautada.

"Previa lectura de derechos, Francisco Javier E. L. de 29 años, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado", se lee en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Nueva York.- Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, exlíder de los cárteles de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, compareció este martes 17 de marzo ante una corte federal, donde se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico y conspiración en su contra. 

La audiencia se llevó a cabo en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Acompañado por su equipo legal, el capo michoacano rechazó formalmente las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que lo señala por conspirar para importar grandes cantidades de cocaína y metanfetamina al país. 

Aunque previamente se había reportado que la defensa buscaba negociar un acuerdo para evitar la cadena perpetua, la declaración de hoy mantiene el caso en una fase de litigio activo.

Gómez Martínez permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde también se encuentran figuras como Ismael "El Mayo" Zambada y Rafael Caro Quintero.

"La Tuta" fue entregado a las autoridades estadounidenses en agosto de 2025, tras haber cumplido parte de sus condenas en México, donde fue capturado en 2015. 

De ser hallado culpable en este juicio federal, Gómez Martínez enfrenta una pena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua. El juez a cargo del caso ha fijado las próximas fechas para la presentación de pruebas, mientras la fiscalía continúa fortaleciendo su expediente con testimonios de antiguos colaboradores.