Chihuahua.- Dirigentes sindicales, autoridades educativas y el Congreso local respaldaron la construcción de un protocolo único de actuación para atender casos de violencia escolar, acoso sexual, violencia digital y maltrato, con el objetivo de proteger a niñas, niños y adolescentes, y otorgar certeza jurídica a maestras y maestros.

El secretario general de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Eduardo Antonio Zendejas Amparán, afirmó que el decreto impulsado desde la Comisión de Educación del Congreso fortalece la facultad del Ejecutivo para aplicar un instrumento claro y sin interpretaciones discrecionales.

“No puede ser que en el magisterio el maestro sea culpable hasta que no se demuestre lo contrario”, expresó al señalar que, hasta ahora, la falta de lineamientos precisos colocaba en vulnerabilidad a los trabajadores de la educación ante cualquier señalamiento.

Indicó que el documento fue construido de manera conjunta entre la autoridad educativa y las organizaciones sindicales, y subrayó que uno de los puntos centrales será la capacitación “real, efectiva, en tiempo pagado y presencial”. Precisó que solo en el sistema federal existen 393 zonas escolares, donde deberá desarrollarse la formación correspondiente y levantarse actas que acrediten dicha capacitación.

Por su parte, el secretario general de la Sección 42 del SNTE, Manuel Quiroz Carbajal, destacó que el acuerdo representa un esfuerzo de consenso en un contexto social complejo. Llamó a los medios de comunicación a dar seguimiento a la implementación del protocolo y aseguró que su elaboración incluyó la voz de docentes de distintas regiones del estado. Señaló que el trabajo no responde a ocurrencias, sino a un derecho consagrado en la Constitución y a la necesidad de brindar certidumbre tanto a la base trabajadora como a las familias.

El secretario de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez Dávila, informó que en Chihuahua el sistema educativo atiende a más de un millón de alumnos, casi 700 mil en educación básica, con la participación de cerca de 60 mil docentes, entre los sistemas estatal y federal.

Explicó que la actualización normativa responde a la necesidad de fortalecer la intervención institucional para prevenir la violencia en perjuicio de estudiantes y ofrecer mayor certeza jurídica al personal docente.

“Aplaudo y agradezco al Congreso y a la Comisión de Educación que hayan asumido su responsabilidad para trabajar este insumo técnico, que deberá formar parte del proceso de actualización del protocolo”, expresó.

Aseguró que la Secretaría está preparada para atender el acuerdo aprobado por el Poder Legislativo y trabajar en coordinación con directivos, personal docente, padres de familia y estructura administrativa, con el fin de construir ambientes escolares de paz y capacidad metodológica para resolver conflictos.

En tanto, el presidente de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte del Congreso local, Óscar Avitia, reiteró el respaldo legislativo al trabajo conjunto con la autoridad educativa y las dirigencias sindicales, y sostuvo que el protocolo será resultado de un esfuerzo institucional sostenido, no de decisiones improvisadas.

Los participantes coincidieron en que el nuevo instrumento deberá traducirse en acciones concretas dentro de las escuelas, con capacitación y seguimiento, para garantizar tanto la protección de la niñez como el respeto a los derechos laborales del magisterio.