Alcalde de Tequila cobraba hasta 7mdp en extorsiones

Ciudad de México.- Autoridades federales acusan que durante la administración del alcalde morenista Diego Rivera, en el municipio de Tequila, Jalisco, se habría implementado un esquema sistemático de extorsión contra empresas tequileras, gasolineras y comercios locales, con cobros que alcanzaban entre 6 y 7 millones de pesos mensuales.

Según consta en la orden de aprehensión girada en su contra dentro de la causa penal 39/2026, el edil presuntamente utilizaba a la Policía Municipal y a un grupo de personas extranjeras —principalmente de origen colombiano— para intimidar, someter y exigir pagos ilegales a empresarios y comerciantes.

El expediente judicial señala que no solo las grandes industrias eran blanco de estos cobros. Comerciantes del primer cuadro de la ciudad debían pagar cuotas semanales que oscilaban entre 500 y mil 500 pesos, dependiendo del giro. En el caso de vendedores de artesanías, se les exigían hasta 50 mil pesos para evitar la clausura de sus negocios, además de una “renta” mensual de 20 mil pesos. Las vinaterías, por su parte, enfrentaban exigencias de hasta 150 mil pesos para continuar operando.

Ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la regidora Luz Elena Aguirre Sandoval declaró el 3 de octubre que el Ayuntamiento encabezado por Rivera utilizaba multas arbitrarias y cierres de negocios como método de presión para forzar los pagos. Aseguró que quienes se negaban eran amenazados con supuestos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), e incluso recibían visitas de hombres armados. La edil afirmó que ella misma fue víctima de intimidaciones y clausuras por oponerse a estas prácticas.

Otra regidora, identificada con las iniciales ARC, sostuvo ante la SSPC que el dinero recaudado mediante las extorsiones a grandes casas tequileras era repartido entre funcionarios municipales y el CJNG, permitiendo al grupo criminal operar con impunidad mientras el alcalde y su equipo se enriquecían. En su testimonio mencionó afectaciones directas a empresas como José Cuervo y La Cofradía.

La misma regidora relató que empresarios del sector, como los propietarios de las fábricas Lieros y La Rienda, así como el dueño de La Cofradía, Carlos Hernández, fueron víctimas de presiones económicas millonarias que derivaron incluso en el cierre temporal de plantas. También señaló que una gasolinera del municipio habría sido obligada a pagar cerca de 7 millones de pesos para evitar mayores pérdidas.

La investigación federal apunta a que varios integrantes del gabinete municipal fungían como operadores clave del esquema, entre ellos el secretario de Seguridad Pública, Juan Manuel Pérez Sosa; el jefe de Gabinete, Diego López Ibarra; y Francisco Javier Rivera Gutiérrez, alias “El Faraón”, responsable del Padrón de Licencias.

La regidora Evelin Sarahí Castañeda Chávez declaró que el alcalde contaba con una estructura dedicada al cobro de piso, extorsiones y privaciones ilegales de la libertad, donde el jefe de Gabinete coordinaba la logística y el secretario de Seguridad ejecutaba las órdenes. Sobre Rivera Gutiérrez, señaló que facilitaba clausuras y suspensiones, además de mantener a familiares en la nómina municipal para operar los cobros en mercados y comercios.

Otro testimonio recogido por la SSPC indica que el jefe de la Policía Municipal era el enlace directo con el CJNG y que dentro de la presidencia municipal operaban personas extranjeras y foráneas vinculadas presuntamente al cártel. La regidora denunciante aseguró que Diego Rivera portaba armas incluso antes de asumir la alcaldía y que tenía antecedentes de colaboración con la organización criminal.

La Fiscalía General de la República (FGR) estableció que Juan Manuel Pérez Sosa, considerado como jefe del brazo armado del alcalde, mantenía una relación directa con Severo Flores Mendoza, alias “El Rey Mago”, ex jefe policiaco de Ameca, señalado en 2022 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como colaborador del CJNG.

Además, la indagatoria identifica al tesorero municipal, Julio César Limón Trigueros, como el encargado de recibir y administrar el efectivo producto de las extorsiones y secuestros, así como de manipular montos y facturación del Ayuntamiento. En la red también son señalados Raquel Núñez Bugarín, esposa del alcalde, y un escolta identificado como “El Jona”, quien presuntamente se encargaba del traslado de dinero y asuntos personales del edil.