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Admite AMLO desplazamiento de miles de personas por violencia en el sur del país

Según la fiscalía de Chiapas, los residentes de la ciudad de Tila huyeron después de que grupos armados protagonizaran intensas balaceras

Associated Press
Associated Press
Agencia AP

11 de junio de 2024, 06:33

Ciudad de México.– El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, admitió el lunes el desplazamiento de miles de residentes que huían de la violencia en un pueblo en el sureño estado de Chiapas y dijo que las autoridades trabajan para que las más de 4 mil personas que tuvieron que huir regresen a sus casas.

Según la fiscalía de Chiapas, los residentes de la ciudad de Tila huyeron después de que grupos armados protagonizaran intensas balaceras y quemaran muchas casas durante los días previos.


Algunos residentes contaron que pasaron días atrapados antes de que las tropas del ejército y la policía estatal aparecieran y pudieran salir.

Las fotografías distribuidas por las autoridades estatales mostraban a personas huyendo solo con bolsos al hombro o a veces con pequeñas mochilas o bandoleras.


López Obrador describió el evento como “un enfrentamiento entre los pobladores o entre quienes no están en el poblado, pero es el mismo pueblo”, aseguró que “se logró proteger a muchas familias” una vez que el ejército llegó.

El mandatario también aseguró que se estaban suministrando alimentos a los campamentos, que la situación ya se había calmado y que el gobierno estaba haciendo gestiones para que los desplazados pudieran volver a sus casas.


Víctor Gómez, habitante de Tila, contó a la AP que su casa fue quemada y que intentaron asesinarlo. Huyó junto a otros 11 miembros de su familia después de estar “más de 72 horas en asedio, con casas quemadas, intimidaciones...”.

“Hay mucha gente que estaba enferma, muchos salieron con lo que tienen, sin dinero, sin ropa, dejaron todos sus bienes, todas sus pertenencias”, agregó Gómez vía telefónica.


Colectivos civiles de la zona afirmaron que detrás del enfrentamiento había bandas criminales e intereses políticos.

El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa afirmó que un grupo autodenominado "Los Autónomos" estaba detrás de la violencia y lo relacionó con el narcotráfico. La fiscalía estatal confirmó la muerte de al menos dos personas y el incendio de al menos 17 edificios la semana pasada. También se ha culpado a las bandas de extorsionar a los residentes para que paguen por su protección y de bloquear carreteras.


La batalla entre cárteles de la droga rivales —el de Sinaloa y el de Jalisco se disputan el control de las rutas de todo tipo de tráfico ilegal en esa zona— ha afectado a varios municipios de Chiapas cercanos a la frontera con Guatemala, ya que la zona es una ruta principal para el contrabando de drogas y el paso de migrantes irregulares.

López Obrador ha restado importancia en ocasiones anteriores a la violencia en Chiapas, acusando de sensacionalismo a quienes escriben sobre ella.


Desde que en 1994 tuvo lugar el levantamiento zapatista y la breve guerra con el gobierno para exigir más derechos para los indígenas, los conflictos en Chiapas se han sucedido tanto entre pobladores y miembros del ejército como entre comunidades por motivos políticos, agrarios y religiosos a los que ahora se unió la pugna entre cárteles.



Presidenta del TSJ afirma que denuncias por violencia serán investigadas

Miguel A. Ramírez-López
Miguel A. Ramírez-López
Miguel A. Ramírez-López
Miguel A. Ramírez-López

13 de March del 2026, 09:32

Chihuahua.– La presidenta magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval, afirmó que cualquier denuncia que se presente contra personal del Poder Judicial por presuntos casos de violencia de género será atendida por las instancias correspondientes.

Lo anterior, luego de que durante la marcha del Día Internacional de la Mujer se escribieran en espacios públicos los nombres de algunos trabajadores del tribunal, señalados por presuntas conductas de violencia.

Herrera Sandoval señaló que, en caso de existir denuncias formales, estas deberán ser revisadas por el Tribunal de Disciplina Judicial, órgano encargado de investigar posibles faltas cometidas por integrantes del Poder Judicial.

“Si existen denuncias, el Tribunal de Disciplina Judicial será quien tenga que atender todas las denuncias que tengan que ver con una situación de violencia de género dentro del Poder Judicial”, expresó.

Añadió que también podría intervenir la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género en caso de que se presenten denuncias penales.

La magistrada indicó que el Poder Judicial dará seguimiento a cualquier señalamiento que se formalice por las vías legales correspondientes.


Marcela Herrera afirma que Corte reconoce retiro de juzgadores

Miguel A. Ramírez-López
Miguel A. Ramírez-López
Miguel A. Ramírez-López
Miguel A. Ramírez-López

13 de March del 2026, 09:29

Chihuahua.– La presidenta magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval, afirmó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que confirmó los haberes de retiro para juzgadores que dejaron el cargo tras la reforma judicial representa un reconocimiento a quienes se desempeñaron durante años en el Poder Judicial.

La magistrada explicó que el retiro anticipado fue un beneficio otorgado a las personas que tuvieron que separarse de sus funciones a partir de la reforma constitucional al Poder Judicial y de las elecciones judiciales de 2025.

“Creo que este ha sido un gran reconocimiento que la Corte hace ante las elecciones y la reforma constitucional del Poder Judicial”, expresó.

Indicó que desde el primero de septiembre quienes se retiraron comenzaron a recibir de manera ordinaria sus haberes, por lo que la determinación del máximo tribunal únicamente confirmó la continuidad de ese derecho.

“Las personas a partir del primero de septiembre ya estaban recibiendo. Únicamente se requería la confirmación de la Corte para que efectivamente pudieran seguir continuando con este beneficio”, señaló.

El retiro anticipado para jueces y magistrados fue aprobado previamente por el Congreso del Estado de Chihuahua mediante reformas a la legislación del Poder Judicial, con el fin de permitir que quienes decidieran no participar en el nuevo esquema de elección de juzgadores pudieran separarse del cargo con beneficios de retiro.

A nivel federal, el proceso derivado de la reforma judicial también ha implicado ajustes administrativos y presupuestales en el Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura Federal y el Órgano de Administración Judicial han señalado que la salida anticipada de juzgadores generó obligaciones financieras relacionadas con pensiones, indemnizaciones y haberes de retiro para quienes dejaron sus cargos antes de la renovación derivada de la reforma.

En ese contexto, la resolución de la Suprema Corte brinda certeza jurídica para que los exintegrantes del Poder Judicial continúen recibiendo los pagos correspondientes a su retiro.


Sheinbaum defiende Plan B de reforma electoral para reducir privilegios

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Redacción
Redacción

13 de March del 2026, 09:26

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió su nueva estrategia para modificar el sistema electoral y afirmó que uno de los objetivos centrales de su gobierno es eliminar los privilegios de los funcionarios públicos.

La propuesta, conocida como “Plan B”, se encuentra en elaboración dentro de la Secretaría de Gobernación (Segob) y se prevé que sea enviada al Congreso de la Unión durante la próxima semana para su análisis.

Entre los cambios planteados se contempla establecer límites al presupuesto de los congresos locales con el propósito de reducir las diferencias de gasto entre las entidades federativas. La iniciativa también propone disminuir la cantidad de regidores en los ayuntamientos e impulsar consultas populares relacionadas con temas electorales.

La propuesta incluye además la posibilidad de aplicar la revocación de mandato en el tercer o cuarto año de gobierno. Asimismo, plantea mantener una política de austeridad dentro del sistema electoral, con la finalidad de generar ahorros estimados en alrededor de cuatro mil millones de pesos al año, recursos que podrían destinarse a obras públicas y servicios.

Durante una declaración realizada el martes, la mandataria criticó los altos salarios de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), así como los presupuestos que reciben algunos poderes y gobiernos estatales.

“No estamos de acuerdo con los grandes salarios de los consejeros del INE, y que congresos estatales, gobernadores, tengan presupuestos tan desproporcionados, o que el Senado tenga un presupuesto tan alto cuando hay tantas necesidades en el país”, expresó.

Especialistas consultados por Expansión Política señalaron que el llamado “Plan B” podría generar controversias jurídicas, al considerar que algunas de sus propuestas podrían invadir el pacto federal, contravenir disposiciones constitucionales sobre consultas populares o afectar la soberanía de los estados.

Pese a esas críticas, Sheinbaum reiteró su respaldo a la iniciativa, la cual fue elaborada después de que su primera propuesta de reforma electoral fuera rechazada en la Cámara de Diputados al no reunir los votos necesarios para su aprobación.

En ese contexto, la presidenta insistió en que su administración mantendrá el impulso de medidas orientadas a la austeridad gubernamental.

“Vamos a seguir trabajando para acabar con los privilegios y, esencialmente, seguir el principio juarista de la austeridad republicana, de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, afirmó durante su conferencia matutina realizada en Colima.

La primera iniciativa de reforma electoral impulsada por el partido gobernante, Morena, fue frenada debido a que no consiguió el respaldo suficiente en el Congreso, luego de que sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no respaldaran la propuesta.

Incluso existe la posibilidad de que esas fuerzas políticas tampoco acompañen el nuevo “Plan B”.

Tanto la presidenta Sheinbaum como su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, han enfrentado dificultades para concretar una reforma electoral, a pesar de que su movimiento político ha logrado impulsar otras modificaciones constitucionales.